La operación de Correos de México se encuentra en una fase crítica ante el emplazamiento a huelga promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano, que ha colocado como fecha límite el primer minuto del 1 de mayo. La posibilidad de que estalle el paro laboral ha encendido alertas sobre la continuidad de un servicio esencial, pero también ha exhibido con mayor claridad un conflicto que no solo es laboral, sino estructural, operativo y administrativo, con deficiencias acumuladas que hoy alcanzan un punto de quiebre.
Desde la dirigencia sindical, encabezada por Manuel Fermín Acevedo González, la postura se ha endurecido tras semanas de negociaciones que califican como estériles y sin interlocutores con capacidad de decisión. El señalamiento es directo: existe incapacidad de funcionarios para resolver el conflicto y una falta de voluntad real para atender de fondo las violaciones al contrato colectivo de trabajo. Bajo esa lógica, el sindicato sostiene que el estallamiento de huelga es inminente y responde a una decisión tomada por la base trabajadora a nivel nacional ante lo que consideran abandono institucional.
El diagnóstico sindical es particularmente incisivo. Más de 12 mil trabajadores operan en condiciones que describen como precarias, con un rezago salarial que evidencia una desconexión entre la política laboral interna y la realidad económica del país. Mientras el salario mínimo general alcanza los 315.04 pesos diarios, hay carteros que perciben apenas 236 pesos, una brecha que no solo resulta significativa, sino que coloca a parte de la plantilla por debajo de estándares legales y de subsistencia. Esta situación, sumada a la ausencia de revisiones salariales efectivas, ha erosionado el ingreso real de los trabajadores.
La falta de personal agrava el escenario. El sindicato denuncia que no se han cubierto más de 2 mil 500 plazas, lo que ha derivado en cargas de trabajo desproporcionadas, rutas extendidas y tiempos de entrega comprometidos. La estructura actual de Correos de México, con 11 mil 913 empleados sindicalizados, 6 mil 931 carteros y 3 mil 258 auxiliares, resulta insuficiente frente a la demanda operativa nacional. La consecuencia directa es un servicio presionado, con trabajadores sobreexigidos y márgenes de error cada vez mayores.
Las deficiencias materiales son uno de los puntos más críticos. No se trata solo de carencias aisladas, sino de un patrón operativo donde los trabajadores deben asumir costos que corresponden a la institución. Se reporta que empleados cubren de su propio bolsillo combustible, mantenimiento, refacciones e incluso insumos básicos como papelería y lectores de códigos de barras. Este traslado de costos hacia la base trabajadora no solo refleja una falla administrativa, sino una distorsión en el modelo operativo que compromete la sostenibilidad del servicio.
El equipamiento es insuficiente y en muchos casos obsoleto. La falta de uniformes, cascos y herramientas de trabajo expone a los carteros a riesgos innecesarios. A ello se suma un parque vehicular claramente limitado: alrededor de 2 mil 200 motocicletas para una plantilla que supera ampliamente esa cifra, lo que obliga a miles de trabajadores a utilizar vehículos propios sin compensación alguna. Esta situación impacta en la cobertura, en la eficiencia logística y en la seguridad de quienes realizan labores de reparto.
En el plano institucional interno, el sindicato apunta a un rezago normativo que frena cualquier posibilidad de desarrollo laboral. El reglamento de escalafón vigente data de 1991, lo que lo vuelve completamente desfasado frente a las condiciones actuales. La inactividad de la Comisión Mixta de Escalafón agrava el problema, al bloquear procesos de promoción, reconocimiento de antigüedad y movilidad interna. El resultado es una estructura rígida, sin incentivos ni mecanismos claros de crecimiento.
Las críticas escalan hacia la cúpula administrativa. Se han señalado percepciones salariales elevadas en niveles directivos, superiores a los 100 mil pesos mensuales en algunos casos, contrastando con los ingresos de la base trabajadora. Este contraste ha sido interpretado por el sindicato como una mala asignación de recursos en un organismo que, al mismo tiempo, carece de lo más básico para operar. También se han denunciado actitudes de ciertos mandos, particularmente en regiones como Veracruz, donde trabajadores reportan tratos prepotentes ante solicitudes tan elementales como mejorar condiciones de infraestructura.
Pese a la contundencia de las denuncias, el sindicato ha insistido en que su objetivo no es detener el servicio, sino obligar a una solución de fondo. Sin embargo, la advertencia es clara: de no existir acuerdos reales, se colocarán banderas rojinegras en alrededor de 3 mil 800 instalaciones en todo el país, lo que representaría la primera huelga en casi 40 años del servicio postal mexicano.
Del lado institucional, la postura de Servicio Postal Mexicano, bajo la dirección de Violeta Giorgina Abreu González, se sostiene en la narrativa de diálogo abierto y permanente. La institución asegura que, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se han mantenido mesas de negociación para atender las demandas dentro de los límites presupuestales vigentes.
La autoridad defiende que ha habido avances. Desde septiembre de 2025 se han distribuido insumos como alforjas, cascos, uniformes, bicicletas y vehículos, además de que se ocuparon más de 500 plazas el año pasado y se prevé continuar con contrataciones en 2026. No obstante, frente al nivel de rezago denunciado, estas acciones aparecen como medidas parciales que no corrigen las fallas estructurales señaladas por los trabajadores. El punto de inflexión inmediato será la audiencia del 28 de abril ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, donde se evaluará formalmente el estado de las negociaciones. Este proceso será clave para determinar si el conflicto puede contenerse mediante acuerdos o si escala hacia una ruptura abierta. En 2008 se hizo la modernización que ahora conocemos después de que se hiciera la creación en 1986 de Sepomex.
La distancia entre ambas posturas es evidente. Mientras la autoridad plantea una ruta gradual condicionada por restricciones financieras, el sindicato advierte que la precariedad operativa, el rezago salarial, la falta de personal, el deterioro del equipo y la ineficiencia administrativa ya no permiten más dilaciones. El conflicto en Correos de México no es solo una disputa laboral, sino la manifestación de un modelo operativo que muestra signos claros de desgaste.Lo que ocurra en los próximos días definirá no solo el futuro inmediato del servicio postal, sino también la capacidad del sector público para enfrentar conflictos laborales con soluciones de fondo y no únicamente con medidas paliativas. La presión sindical ya está sobre la mesa y la respuesta institucional será determinante para evitar una parálisis que impactaría directamente a millones de usuarios en todo el país.
Vivienda social
En un hecho sin precedentes, Jalisco pasó de producir 41 mil viviendas sociales al año a solo 152 en 2025. Este desplome es la consecuencia de una crisis de asequibilidad donde, en la última década, el precio de una casa nueva se disparó 468%, mientras que cerca del 70% de la población solo puede acceder a inmuebles por debajo del millón de pesos, un rango donde la oferta prácticamente ha desaparecido. Ante esta realidad, la diputada Gabriela Cárdenas ha lanzado un salvavidas legislativo para revertir lo que llama una “emergencia habitacional”, a través de reformas que atacan el costo de producción desde la raíz. Al proponer descuentos del 50% en licencias municipales y reducir gasto en el Registro Público, Cárdenas busca que el valor final deje de ser una barrera para los jaliscienses que requieren créditos sociales. Con el respaldo del programa “Vivienda para el Bienestar” de Pablo Lemus, el estado intenta demostrar que el acceso a un hogar es la inversión más urgente para evitar la exclusión.
Voz en Off
El caso del IMSS Michoacán ilustra cómo una licitación para la adquisición de tóner puede mantener la apariencia de legalidad mientras se vacía de contenido competitivo. La presencia de varias empresas no garantiza competencia real si las condiciones del proceso ya favorecen a un participante desde el inicio. Las especificaciones técnicas funcionan como el primer filtro. Resulta administrativamente inexplicable: en sus propuestas económicas, las empresas Interludsa S.A.S., WOOWOO S.A. de C.V. y Lira y Hernández, S.A. de C.V. presentaron una cotización basada únicamente en una pieza unitaria de tóner. Este tipo de decisiones, cuando se repiten, construyen procesos cerrados que operan bajo reglas hechas a la medida. La falta de claridad en la cotización y las dudas sobre la documentación refuerzan la percepción de simulación. Si el resultado final parece anticipado, el proceso deja de ser un mecanismo de asignación eficiente y se convierte en una formalidad que legitima decisiones previamente tomadas….
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