1. En el Congreso de la Unión se presentó el que quizás sea el proyecto legislativo más importante, el paquete presupuestal para 2026, el segundo presupuesto de la administración Sheinbaum, el cual parece ser no muy diferente del primero, aplicado en este difícil año de 2025. En el paquete, se determinan los impuestos que debemos pagar, así como las políticas y servicios que el gobierno habrá de proporcionar, financiados con los dineros que aportamos los ciudadanos.
2. Las principales sorpresas están en los ingresos. Dado que no habrá creación de nuevos impuestos, lo que se propone es elevar algunos de los existentes, sobre todo al consumo suntuario y a los “Sin Products” (productos pecado), como son las bebidas azucaradas (refrescos), alimentos chatarra, tabaco, juegos de azar y hasta videojuegos violentos, manteniendo, desde luego, el elevado impuesto especial a los combustibles. Se quitará asimismo, la deducibilidad de las aportaciones al IPAB de los bancos pero se castigará a los ahorradores, al subir el gravamen a intereses del 0.5 al 0.9%. Según se prevé también, habrá una reforma aduanera para evitar simulaciones o evasión fiscal y se incluyen aranceles estratégicos para países que no tengan acuerdos comerciales con nuestro país, como podría ser China. Desde luego, se apretará más a los contribuyentes cautivos con procedimientos digitales, porque poco se hará para gravar a la economía informal, que integra con mucho la mayor parte de la economía nacional (54%) y que su ventaja competitiva es, precisamente, el no pagar impuestos. No hay ajustes en la ley del IVA, para cerrar los enormes boquetes que tiene con tantas exenciones a alimentos y medicinas.
3. La macroeconomía, medular en el paquete, seguirá manejándose con prudencia y ortodoxia (“neoliberal” dirán algunos) para sostener la salud de las finanzas públicas, con disciplina y austeridad extremas (del 15%, se estima). La proyección del crecimiento económico será cautelosa, entre 1.8 y 2.8%, dado que este año rondará el 0.5%. Proseguirá el objetivo de consolidación fiscal, buscando reducir el déficit en torno al 4%, muy similar al de este año. El ideal sería ponerlo en 3% para irlo llevando al 2% en 2027, pero eso no sucederá dado el reducido margen de crecimiento económico y las necesidades de mayor gasto social. El precio presupuestal del petróleo se acotará a 54.9 dólares el barril, considerando que la media de mercado ha sido de 63 dólares. La paridad del peso frente al dólar se sostiene en 18.90 pesos, en tanto que la tasa de referencia del Banco de México se estima baje a 6.0%, un punto y medio menos de la actual, con la inflación estimada en 3.0%.
4. Todo ello es sinónimo de un optimismo cauteloso en tanto se logre finalmente un acuerdo con los Estados Unidos que nos permita respirar. En lo que respecta al gasto, éste se estima en 10.1 billones de pesos, casi un billón más del actual, con prioridad en los programas sociales, a los que se destinará un billón de pesos, prácticamente lo mismo que se destina a transferencias a los Estados, superados únicamente por el servicio de la deuda, en 1.4 billones de pesos, dado que las tasas de interés aún siguen altas. El total de deuda pública, incluidos los requerimientos financieros del sector público, informó SHCP, se ubica en 17.7 billones de pesos, casi 7.2 billones más que en 2018, lo que revela que el régimen de austeridad franciscana ha generado, sencillamente, más deuda pública.
5. La distribución propuesta del gasto mostrará también que las grandes prioridades nacionales seguirán esperando. Con excepción de los programas sociales y algo para inversión en infraestructura, tanto la educación, la salud como el campo tendrán presupuestos apenas suficientes para salir del paso, contando seguridad pública y fuerzas armadas con un componente considerable. Distribuir sin crecer parece ser la premisa que se repite, apostando todo a la relación con los Estados Unidos, dado que las exportaciones siguen siendo el principal motor económico, las cuales, paradójicamente, han crecido como nunca no obstante las restricciones arancelarias. Los grandes empresarios siguen ganando opíparamente, en tanto todos nos hacemos un poco más pobres, conforme se comprimen las clases medias, el salario mínimo se eleva y los salarios promedio se congelan o precarizan.