Morelos cierra 2025 con un balance devastador en materia de seguridad. En apenas una semana, 20 personas fueron asesinadas en distintos municipios sin que la autoridad haya logrado dar una respuesta contundente ante la expansión del crimen.
Los hechos son contundentes: hombres torturados y amarrados en Tepoztlán; un repartidor de tortillas ejecutado en Temixco; cuerpos abandonados en la cajuela de un vehículo en Yautepec; homicidios cometidos en un campo de futbol y en carreteras; un joven privado de su libertad en Totolapan hallado muerto en Tlalnepantla; dos jóvenes ejecutados en Yecapixtla; y un hombre desmembrado en Cuautla.
La impunidad es tan amplia que, para las células criminales, matar no solo es un delito: es un mensaje de dominio. La violencia en Morelos no disminuye, no se contiene y, peor aún, no encuentra oposición efectiva por parte del gobierno estatal.
Los morelenses están viviendo exactamente lo que vivieron durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco Bravo, un periodo marcado por la ausencia, la improvisación y la incapacidad. Y lo que prometió Margarita González Saravia —un gobierno distinto, capaz y con rumbo— simplemente no ocurrió.
Su administración no ha mostrado diferencias reales ni en estrategia ni en resultados; por el contrario, reproduce la misma inacción que dejó a Morelos vulnerable y fracturado.
La violencia no es el único indicador del fracaso. La extorsión, el delito que mejor revela el nivel de control territorial de las organizaciones criminales, expone de forma clara la incapacidad del gobierno estatal.
Durante el primer año de González Saravia se denunciaron 376 casos de extorsión, con incrementos mensuales que alcanzaron hasta el 100 por ciento.
Cuando la gobernadora asumió el cargo, en octubre de 2024, se abrieron 25 carpetas por este delito; para mayo de 2025 la cifra llegó a 50, el doble, a pesar de contar con el apoyo de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
La pregunta es inevitable: ¿dónde está la gobernadora? Mientras el estado vive una ola de sangre que ya se volvió cotidiana, González Saravia mantiene un discurso político que no corresponde a los hechos ni a la percepción ciudadana.
Habla de esfuerzos y coordinación, pero no de resultados. Presume mesas de seguridad, pero no presenta avances. Y la realidad es que para los habitantes de Morelos, la violencia no solo no disminuye, sino que empeora.
Lo lamentable es que Margarita González Saravia no representa una ruptura con su antecesor, sino una continuidad de la misma inacción que permitió que el crimen organizara su propia lógica de gobierno en amplias zonas del estado.
Los ciudadanos no olvidan que Cuauhtémoc Blanco terminó siendo uno de los gobernadores más repudiados por su ausencia ante el avance de la violencia, y hoy ven cómo la historia está repitiéndose.
Morelos llega al final de 2025 con más homicidios, más extorsiones, más miedo y menos liderazgo político. Lo más grave es la sensación creciente de que este gobierno no tiene rumbo ni capacidad para recuperar el control.
Cuando un estado siente que ya vivió lo peor con Cuauhtémoc Blanco, pero descubre que lo que llegó después tampoco mejora nada, la conclusión es dolorosa y directa: Morelos sigue a la deriva y su gobernadora no sabe —o no puede— tomar el timón.
En Cortito: Nos cuentan que Cuernavaca se ha convertido en un referente de cómo la coordinación y la estrategia pueden marcar la diferencia.
Mientras otras regiones de Morelos viven atrapadas en la improvisación y la ausencia de liderazgo, el alcalde José Luis Urióstegui Salgado ha optado por caminar en la dirección contraria: la de la responsabilidad, la de la articulación institucional y la de trabajar sin estridencias para ofrecer resultados reales en materia de seguridad.
Durante la reciente sesión de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz de la Región Tepoztlán, Huitzilac y Cuernavaca, Urióstegui volvió a colocar en el centro del debate lo que muchos gobiernos olvidan: la seguridad no se construye desde la soledad del escritorio ni desde el discurso político, sino desde el trabajo conjunto, la claridad en el diagnóstico y la voluntad de sumar esfuerzos.
El alcalde insistió en algo fundamental: para enfrentar los desafíos de seguridad, primero hay que hablar con honestidad sobre ellos. Visibilizar lo que ocurre, entenderlo y asumirlo permite diseñar estrategias que no se queden en la retórica.
Y más aún, reconoció que sin coordinación entre municipios, Estado y Federación, cualquier política pública está destinada al fracaso.
En un Morelos donde varios municipios operan en silos, cada uno intentando salir del paso como puede, Cuernavaca ha ido en sentido opuesto.
Urióstegui ha buscado la articulación permanente, no solo como mecanismo político, sino como principio operativo. Esa visión quedó clara en la sesión de la Mesa de Seguridad, donde se revisaron acciones concretas, como la convocatoria para fortalecer a la policía municipal mediante la incorporación de nuevos elementos.
No se trata solo de aumentar el número de uniformados; es un paso para profesionalizar, robustecer capacidades operativas y asegurar que la corporación tenga mejores herramientas para actuar con eficacia.
El alcalde de Cuernavaca ha optado por una visión más técnica y menos política: coordinar, profesionalizar y actuar. Esa combinación es la que hoy permite que la capital del estado no solo resista mejor los embates de la delincuencia, sino que avance hacia el objetivo mayor: convertirse en una de las ciudades más seguras del país.
