El caso de Ulises Enrique “N”, alias El Mogli, debe sacudirnos como sociedad y, esta vez, no tanto por la brutalidad del hecho en sí, sino por la reacción de Raquel, su madre, y el ejemplo que su decisión representa para toda la sociedad.
Fue el pasado 17 de enero cuando el joven de 18 años presuntamente asesinó a un hombre en San Agustín Othenco, en la Milpa Alta, alcaldía a cargo de José Octavio Rivero Villaseñor. El crimen no era el fin, sino el reconocimiento. Ulises documentó el acto en video para presumirlo y por error, lo envió al chat de su mamá en WhatsApp.
Si El Mogli no se tocó el corazón con la víctima, su madre tampoco lo pensó dos veces: entregó a su hijo a las autoridades tras descubrir que se jactaba de sumar ya dos homicidios.
La detención fue rápida. La sudadera roja que vestía en su propia grabación permitió que la Policía de Investigación lo localizara a dos kilómetros de la escena. El 20 de enero, un juez lo vinculó a proceso y hoy duerme en el Reclusorio Oriente. Sin embargo, lo que queda fuera de la celda es un debate urgente sobre la desensibilización de una generación que encuentra en el exhibicionismo de la violencia un mecanismo de validación social.
Raquel “N” representa una excepción ética en un sistema donde el encubrimiento familiar suele ser la regla. Su denuncia rompe un ciclo de impunidad, pero también deja al descubierto el abandono institucional en la periferia de la capital. Mientras los vecinos de Milpa Alta exigen vigilancia en deportivos que operan como zonas de sombra, la realidad nos abofetea: el horror ya no solo se vive, se produce y se comparte como un trofeo aspiracional.
Hablando de padres
En Sinaloa, la historia es distinta. Mientras los programas sociales enfrentan una distorsión que poco tiene que ver con la burocracia y mucho con la descomposición familiar, Walter, un padre de familia, convirtió la Beca Rita Cetina de su hija en un botín personal. Desde octubre de 2024, el hombre cobró el apoyo destinado a la educación secundaria de la menor bajo el engaño de que el trámite no había prosperado.
Tras revisar el sistema de la Coordinación Nacional de Becas, bajo la dirección de Julio César León Trujillo, la madre de la estudiante descubrió que los recursos se entregaban puntualmente, pero se desviaban para cubrir los gastos de la nueva familia de Walter. Este acto no es solo un robo de recursos públicos; es una forma de violencia económica que vulnera el derecho a la educación y el transporte de una menor por más de un año.
El caso evidencia una falla crítica en el registro de tutores. El sistema permite que un padre sin la custodia física asuma el control del dinero sin verificar quién ejerce realmente los gastos de crianza. Hoy, el hecho transita por la ruta judicial bajo los cargos de abuso de confianza y fraude. Mientras la Secretaría del Bienestar intenta corregir el padrón, queda la lección amarga: ni los apoyos más nobles están a salvo de la mezquindad de quien utiliza a sus propios hijos como moneda de cambio.
Dos rostros de la paternidad que definen el rumbo de un país. Mientras Raquel “N” elige la justicia sobre el afecto para frenar un ciclo de sangre en Milpa Alta, Walter traiciona la confianza de su hija para convertir un derecho social en un botín personal. Tal vez, en una nación fracturada por el abandono institucional y fallas burocráticas, la última línea de defensa ya no está en las leyes, sino en la integridad individual. Son estos valores los que deciden si construimos comunidad o alimentamos la barbarie.
