La política exterior no se construye con coincidencias, sino con intereses. Y cuando una decisión estratégica se presenta como casual o estrictamente administrativa, lo prudente no es aceptarla sin más, sino leerla con atención. La suspensión de los envíos de petróleo mexicano a Cuba entra, inevitablemente, en esa categoría.
El 27 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Pemex detuvo los embarques de crudo a Cuba, incluyendo la cancelación de un cargamento programado para enero, de aproximadamente 86 mil barriles de petróleo tipo Istmo. La explicación oficial fue clara en la forma y prudente en el fondo: se trató de una “decisión soberana”, sin interferencias externas. Sin embargo, cuando una medida de esta magnitud necesita subrayar con tanta insistencia su autonomía, la duda no es malicia; es sentido común.
La decisión marca un contraste evidente con la política seguida desde 2023 y hasta septiembre de 2025, periodo en el que México envió en promedio cerca de 20 mil barriles diarios de petróleo a la isla bajo el argumento de razones humanitarias. En un contexto de crisis energética profunda, esos envíos permitieron a Cuba mitigar apagones, sostener servicios básicos y contener una presión social aún mayor. Para México, no obstante, el saldo fue acumulándose: La Habana mantiene adeudos con el Estado mexicano que rondan los 27 mil millones de pesos, derivados de préstamos y apoyos energéticos cuya recuperación luce lejana.
Durante ese periodo, el gobierno mexicano defendió esta política como un acto de solidaridad soberana, desligado de alineamientos ideológicos y ajeno a presiones externas. Pero la suspensión ocurre en un momento particularmente sensible de la relación con Estados Unidos. Washington ha incrementado sus críticas al apoyo energético a Cuba, señalando que estos flujos terminan fortaleciendo a regímenes con los que mantiene una relación de abierta confrontación, en el marco de su política de embargo.
Aunque la presidenta ha negado de manera tajante cualquier vínculo entre la decisión de Pemex y negociaciones bilaterales, como la revisión del T-MEC o los acuerdos migratorios, la pregunta persiste: ¿realmente estamos ante una coincidencia? En política exterior, las sincronías rara vez son inocentes. No siempre hay llamadas, ultimátums o condicionamientos explícitos; muchas veces hay señales, silencios y entendimientos tácitos que no se anuncian, pero se ejecutan.
Para Cuba, el impacto de la suspensión es inmediato. La escasez de combustible agrava los apagones, profundiza la parálisis productiva y acelera el deterioro económico. Para México, en cambio, la lectura es más compleja y políticamente incómoda. Desde la oposición, la medida se interpreta como una capitulación ante Washington; desde el gobierno, como una decisión responsable que prioriza recursos internos y reafirma autonomía. Ambas narrativas conviven, pero ninguna logra disipar del todo la duda.
La pregunta de fondo no es si México tiene derecho a decidir sobre sus recursos, eso es incuestionable, sino cómo se ejerce la soberanía en un entorno geopolítico cada vez más denso. Cuando una política exterior se explica sólo como un acto administrativo, sin una discusión pública clara sobre sus implicaciones, el problema no es la decisión en sí, sino la opacidad que la rodea.
La suspensión de los envíos de petróleo a Cuba no demuestra independencia ni subordinación automática. Lo que evidencia es algo más delicado: que México está recalibrando prioridades en un tablero internacional donde la neutralidad cuesta cada vez más y donde las decisiones estratégicas rara vez se toman sin mirar al norte.
La política exterior no se juzga solo por lo que se dice, sino por lo que se decide y por el momento en que se decide.
