El caso de Bernardo Bosch Hernández evidencia cómo las fallas en la fundamentación de la Función Pública anularon la sanción contra un exfuncionario del equipo de Emilio Lozoya y colaborador cercano de Miguel Ángel Lozada Aguilar, exdirector de PEP inhabilitado por La Estafa Maestra. El origen de la investigación fue una presunta discrepancia patrimonial de 6.5 millones de pesos detectada entre 2011 y 2015, cuando ocupaba cargos directivos en Pemex. La entonces Secretaría de la Función Pública consideró que existían elementos para imponer una inhabilitación por diez años y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
El proceso cambió de rumbo en 2020. La Sexta Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, integrada por las magistradas Marisela Villanueva Olvera, Rosana Peña Adame y Mónica Osorio Salazar, revocó la sanción al considerar que la resolución presentaba deficiencias jurídicas. Dos años después, la Fiscalía General de la República (FGR) encabezada por Alejandro Gertz Manero, determinó el no ejercicio de la acción penal. Con ello quedaron sin efectos tanto la investigación ministerial como la sanción administrativa que había impulsado la Función Pública.
Hay que recordar que la controversia de este servidor público creció con los señalamientos sobre un presunto acuerdo de negocios con Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo y proveedor de Pemex, quien también fue vinculado a investigaciones federales por presunta delincuencia organizada, aunque Bosch rechazó cualquier relación. Su salida oficial de Pemex, en abril de 2026, obligó a revisar nuevamente su declaración patrimonial. El documento da cuenta de nueve inmuebles con más de 500 hectáreas en total, participaciones en empresas inmobiliarias y altos ingresos provenientes de actividades ganaderas y rentas. Bosch Hernández salió de Pemex por la puerta trasera, pero con un cheque de retiro que pagará el erario. El expediente terminó; la cuenta quedó para los contribuyentes.
Uniformes bajo presión
La decisión del ISSSTE de analizar una alternativa a las compras consolidadas coloca al Instituto ante un desafío que va más allá de modificar el mecanismo de adquisición de uniformes y equipo de protección. El modelo centralizado que coordinan la Secretaría de Hacienda, a cargo de Edgar Amador, y la Secretaría de Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, tiene como uno de sus principales argumentos la posibilidad de ordenar procesos, garantizar abasto y reducir riesgos administrativos. Por ello, cualquier esquema distinto tendrá que demostrar que puede ofrecer resultados similares, sobre todo cuando se trata de insumos que forman parte de las condiciones laborales. El primer amparo promovido por trabajadores adheridos al sindicato anticipa que el asunto podría adquirir una dimensión laboral y jurídica mayor. Para el ISSSTE, que encabeza Martí Batres, el reto consiste en acreditar que un eventual apoyo económico puede sustituir de manera efectiva la entrega física de estas prestaciones sin afectar a los empleados ni el funcionamiento de las áreas.
Voz en Off
Una denuncia formal fue presentada ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Relaciones Exteriores en contra de Melisa Zuluaga Castro, dando inicio a un procedimiento de revisión administrativa cuyo propósito es determinar la posible existencia de presuntas irregularidades o responsabilidades en el ejercicio de sus funciones, conforme a los lineamientos de transparencia, legalidad y rendición de cuentas que rigen al servicio público federal. Se trata de un caso de traslado de menores bajo un procedimiento de restitución internacional bajo el folio PCP/750-14 (COL/MEX-EDOMEX/25)075, expediente que actualmente sigue en curso. Como parte de este proceso, las autoridades supervisoras de la dependencia comenzaron la recopilación de los elementos probatorios iniciales para evaluar la procedencia y la gravedad de la queja interpuesta; sin embargo, debido a la naturaleza del caso, el expediente se mantiene bajo estricta reserva institucional, por lo que hasta el momento no se ha informado públicamente el motivo específico de la denuncia, los hechos que le dieron origen, quién la promovió o las conductas que son objeto de análisis. De acuerdo con especialistas en derecho administrativo, este tipo de mecanismos de fiscalización interna se activa tras la recepción de quejas ciudadanas o reportes internos y contempla diversas etapas de revisión, integración del expediente, comparecencia, presentación y valoración de pruebas, garantizando en todo momento el derecho de audiencia y de defensa. Asimismo, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la situación jurídica de la persona señalada permanece sujeta al principio de presunción de inocencia hasta que la autoridad competente emita una resolución definitiva, por lo que será el propio órgano de control el que determine en las próximas semanas si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento sancionatorio formal o si el expediente es desestimado por falta de sustento probatorio….
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