En memoria de don Guillermo Fonseca Álvarez.
La historia, cuando se la mira con un mínimo de honestidad intelectual, suele ser una jueza severa pero justa. No se deja llevar por consignas ni por entusiasmos pasajeros; evalúa los hechos por sus consecuencias, por los derechos que ampliaron o por los daños que causaron. Y si algo puede afirmarse sin temor a exagerar es que las reformas electorales impulsadas a lo largo del siglo XX y en el primer cuarto del siglo XXI han sido, en términos generales, bien evaluadas por ese juicio.
No fueron reformas perfectas, ni mucho menos. Algunas nacieron de crisis, otras de negociaciones tensas y varias de desconfianzas profundas entre actores políticos. Pero todas compartieron un hilo conductor: ampliar los cauces democráticos, fortalecer las libertades ciudadanas, construir un andamiaje institucional que hiciera posible el ejercicio efectivo de los derechos políticos y fomentar una competencia electoral más justa. Gracias a ese proceso, México pasó de elecciones administradas por el gobierno a un sistema con árbitros autónomos, reglas claras y resultados reconocidos —aun en la derrota— por la mayoría de los actores.
Ese consenso histórico parece hoy irrelevante para quienes impulsan cambios en sentido contrario. Se propone reformar el sistema electoral no para perfeccionarlo, sino para debilitarlo. No para corregir fallas, sino para generar sospecha, caos e inestabilidad. El planteamiento central es tan simple como preocupante: restar autonomía al árbitro electoral, recortarle recursos, cargarle más funciones y, en los hechos, colocarlo en una situación de asfixia operativa. No se trata de eficiencia administrativa; se trata de sabotaje institucional.
A ello se suma la intención de debilitar la representación proporcional —despectivamente llamada “plurinominal”—, que ha sido una de las herramientas más importantes para garantizar pluralidad, inclusión de minorías y equilibrio en el poder legislativo. Golpear este mecanismo no es castigar privilegios, como se pretende hacer creer, sino asestar un golpe directo a la diversidad política y a la esencia misma de la democracia representativa.
La propuesta de retirar el financiamiento público a los partidos políticos tampoco resiste un análisis serio. Lejos de “limpiar” la política, sería una declaración de muerte segura para la competencia equitativa y una invitación abierta al dinero opaco, al financiamiento ilegal y a la captura de la política por intereses económicos o criminales. Lo mismo ocurre con la desaparición de los órganos electorales estatales, que no obedece a una lógica de fortalecimiento del sistema, sino a una peligrosa recentralización sin sustento técnico ni visión de largo plazo.
En conjunto, lo que se propone no tiene pies ni cabeza. No hay diagnóstico riguroso, no hay coherencia institucional y, sobre todo, no hay visión de Estado. Se trata de una suma de ocurrencias revestidas de discurso moral, pero carentes de responsabilidad histórica. El problema no es reformar —las democracias se reforman para mejorar—, sino hacerlo para desmantelar lo que durante décadas costó construir.
La historia ya ha demostrado que las democracias no se destruyen de golpe, sino por la erosión constante de sus instituciones. Cuando el juicio de la historia vuelva la vista a este momento, la pregunta no será si las reformas eran populares o ruidosas, sino si fortalecieron la libertad o la pusieron en riesgo. Y todo indica que, de seguir este camino, el veredicto será implacable.
@jlcamachov
