Por momentos, la política mexicana parece hablarle más a sí misma que a los ciudadanos. Los anuncios, debates y reuniones se suceden con una coreografía perfectamente ensayada, pero no siempre queda claro si el mensaje logra cruzar el muro del discurso institucional hacia la realidad cotidiana.
Ahí está, por ejemplo, el informe anual de la CNDH. El Congreso ya definió formato, tiempos y turnos: 30 minutos para la presidenta del organismo, intervenciones medidas con cronómetro y un mensaje final antes de que el documento sea turnado a las Cámaras. Todo en orden, todo reglamentado. La pregunta inevitable es si este ritual parlamentario servirá para algo más que cumplir con el calendario o si permitirá, de verdad, evaluar el estado de los derechos humanos en un país donde la violencia, la impunidad y la desigualdad siguen siendo temas diarios.
Algo similar ocurre con el debate económico en la Comisión Permanente. Desde el oficialismo se presenta un país de cifras optimistas: bajo desempleo, turismo en expansión, salario mínimo al alza y millones que salieron de la pobreza. Desde la oposición, en cambio, se dibuja otro México: crecimiento insuficiente, inversión contenida, jóvenes sin acceso a vivienda, crédito caro y un campo en crisis. Ambas narrativas conviven, chocan y se neutralizan en el debate político, mientras millones de personas intentan conciliar esas estadísticas con lo que ven en el supermercado, en el recibo bancario o en la calle donde viven.
En paralelo, la reforma electoral vuelve a colocarse en el centro del tablero. Los llamados al diálogo con la autoridad electoral, las coincidencias en principios democráticos y las promesas de respeto a la autonomía institucional suenan correctas, incluso necesarias. Pero la experiencia reciente ha enseñado que entre el discurso y la letra fina de las reformas suele abrirse una brecha considerable. Decir que no habrá persecución política o que todo se hará con pruebas es un buen punto de partida; cumplirlo es el verdadero reto.
La apuesta por la consulta ciudadana como base de la reforma tampoco está exenta de interrogantes. Involucrar a la gente en decisiones clave es deseable, pero también exige claridad, información completa y reglas que eviten que la participación se convierta en simple validación de decisiones ya tomadas. Febrero aparece en el horizonte como el mes de las definiciones, aunque el desenlace dependerá menos de los tiempos legislativos y más de la voluntad real de construir acuerdos.
Al final, informes, debates y reformas comparten un riesgo común: quedarse en el plano del discurso. La política mexicana necesita menos declaraciones bien armadas y más resultados que puedan medirse fuera del recinto legislativo. Porque mientras el poder se mira al espejo, el país sigue esperando que alguien le hable con hechos.
