En el corazón de las economías costeras y en la vida que fluye a lo largo de los litorales mexicanos, se está gestando una transformación profunda que confirma que el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, pueden avanzar de la mano cuando existe conducción pública, visión estratégica y compromiso institucional.
En 2025, el Gobierno de México a través de la Secretaría de Marina (SEMAR), presentó un plan integral para modernizar y ampliar la infraestructura portuaria nacional, una política pública que posiciona al Gobierno Federal como un actor clave en la transición hacia un modelo de infraestructura portuaria ambientalmente responsable, innovador y de largo plazo. De acuerdo con información oficial de la Presidencia de la República, este programa contempla una inversión histórica de 296,230 millones de pesos, de los cuales 55,179 millones corresponden a inversión pública y 241,051 millones a inversión privada, lo que refleja la capacidad del Estado para articular recursos, coordinar actores y orientar el desarrollo económico bajo criterios de sostenibilidad.
Esta magnitud de inversión no solo fortalece la competitividad logística del país, sino que sienta las bases para un crecimiento más ordenado y resiliente. El proyecto abarca puertos estratégicos como Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco, Veracruz y Progreso, puntos neurálgicos del comercio exterior, el turismo y la movilidad marítima. La meta es clara: consolidar a México como una potencia regional portuaria, sin sacrificar los ecosistemas que sostienen la vida costera y la actividad económica.
En este sentido, la modernización portuaria se concibe no solo como una obra de infraestructura, sino como un ejercicio de planeación territorial responsable. Lejos de ignorar la fragilidad de los ecosistemas costeros, el plan reconoce de manera explícita que cualquier intervención de gran escala debe estar acompañada de criterios estrictos de protección ambiental. Manglares, humedales, arrecifes, dunas y sistemas marinos, forman parte del entorno en el que se desarrollan estos proyectos, por lo que la planeación incorpora medidas de mitigación, control y restauración ambiental.
Este enfoque evidencia que el Gobierno Federal asume la protección del patrimonio natural, como una responsabilidad central de la política portuaria. Los puertos no son espacios aislados. Están inmersos en cuerpos de agua, flujos de sedimentos y corrientes que conectan con áreas de alta biodiversidad y zonas naturales de valor estratégico. Por ello, el modelo impulsado por el gobierno incorpora estudios de impacto ambiental, evaluaciones de riesgo climático y esquemas de manejo sostenible, supervisados por las autoridades competentes, lo que coloca a México a la vanguardia en la integración de infraestructura, innovación y cuidado ambiental.
La participación de la inversión privada que representa aproximadamente el 80 % del total de los recursos, se articula bajo un esquema de corresponsabilidad ambiental. Las empresas involucradas deben cumplir con normativas claras y planes de mitigación que buscan reducir impactos y promover prácticas más eficientes y limpias. De esta manera, el Estado ejerce su papel rector, garantizando que el desarrollo económico no se construya a costa del entorno natural.
Más allá de su función logística, los puertos son puertas al mar y elementos clave para la protección costera, la filtración natural de contaminantes y el sostenimiento de actividades como la pesca, de las que dependen miles de familias. El enfoque gubernamental reconoce que preservar estos servicios ecosistémicos, es esencial para la seguridad alimentaria, la estabilidad social y la resiliencia frente al cambio climático. El plan de modernización portuaria demuestra que el desafío no es solo construir más infraestructura, sino hacerlo mejor.
El Gobierno Federal se posiciona así como un referente en la construcción de un modelo de desarrollo portuario que integra crecimiento económico, innovación tecnológica y protección ambiental, entendiendo que el progreso real se mide también en la salud de los océanos, los manglares y los ecosistemas que sostienen el futuro del país.
