En México solemos tratar las pensiones como un tema técnico: complejo, lejano y reservado para especialistas, sin embargo, el CIEP, al analizar los resultados del panorama de las pensiones de la OCDE demuestra que voltear al otro lado ya no es opción. Las pensiones dejaron de ser “un problema del futuro” y son una presión fiscal presente, una bomba demográfica en cuenta regresiva y, además, una deuda de género que el país ha ignorado.
La primera cifra debería bastar para encender las alarmas: el gasto en pensiones rebasará el 6% del PIB en 2026, y consumirá una cuarta parte del gasto neto total. En un país donde los derechos compiten por el presupuesto como salud, educación, cuidados e infraestructura, esto significa una cosa: las pensiones ya están ganando esa batalla tanto por inercia como por decisión política. Un componente importante del crecimiento del gasto en pensiones es la transición demográfica y cada año hay más personas mayores que viven más tiempo.
Al comparar la situación del sistema de pensiones de México respecto de los países de la OCDE, aparece una cifra que parecería motivo de orgullo nacional: una tasa de reemplazo promedio del 80 %, y para personas con menores ingresos, una tasa de 132 %, mucho mayor al promedio de la Organización. En teoría, suena a justicia social, pero en la práctica, la pregunta no es si se puede prometer más, sino si se puede pagar esas pensiones sin seguir presionando al sistema fiscal.
El propio documento advierte que estos cálculos pueden estar sobreestimados dado que la reforma de pensiones de 2020 se implementará completamente hasta 2030 y el Fondo de Pensiones para el Bienestar enfrenta retos para su financiamiento. Otro aspecto a considerar es que los salarios en México siguen siendo bajos. Por tanto, parece que México está elevando la suficiencia de beneficios, pero sin resolver el dilema de su financiamiento sostenible, lo que lleva a financiar parte del sistema con deuda.
Aquí entra un tema que nadie quiere tocar: la edad de retiro. En la OCDE hay una tendencia clara a aumentarla y vincularla con la esperanza de vida como mecanismo para enfrentar el envejecimiento. México, en cambio, mantiene una edad fija de 65 años. Eso significa que el ajuste no ocurre por la vía del tiempo de trabajo, sino por la del presupuesto. Lo más inquietante es que, en lugar de alinear el sistema con la realidad demográfica, ocurre lo contrario: el documento señala que el ISSSTE publicó un acuerdo para reducir gradualmente la edad mínima de jubilación en el régimen de reparto, hasta llegar a 53 años para mujeres y 55 para hombres en 2034. Bajar la edad de retiro en un país que envejece acelera el problema aquí planteado.
De igual manera, se tiene que hablar de la brecha de género en pensiones o en el retiro. Mientras, en promedio, los países de la OCDE redujeron la brecha de 28 % en 2007 a 23 % en 2024, México la empeoró al pasar de 28.5 % a 35 % en el mismo periodo, aun considerando las pensiones para el bienestar. Lo anterior se debe a que el sistema depende de trayectorias contributivas formales, y las mujeres llegan con desventaja por menores salarios, mayor informalidad y salidas prolongadas del mercado laboral por trabajo no remunerado como los cuidados.
La discusión sobre el sistema de pensiones no puede centrarse solo en mejorar beneficios; debe incluir cómo financiarlas contemplando el riesgo de longevidad. Consulta el análisis del CIEP en www.ciep.mx
