Los gobiernos locales en Centroamérica enfrentan el reto de alcanzar un desarrollo sostenible en términos económicos, sociales y ambientales en el territorio a su cargo. Este reto debe ser asumido con gran responsabilidad pues la ciudadanía espera que sus autoridades realicen una excelente gestión para mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan el lugar.
Para ello, las autoridades municipales deben disponer de información suficiente y confiable sobre el estado de los recursos naturales que están presentes en el municipio, sobre las características socioeconómicas de la población y sobre las actividades productivas que desarrollan los habitantes del lugar. Cada municipio tiene condiciones socio-económicas y ambientales particulares pero un requisito común a todos ellos, es que las autoridades municipales estén bien informadas, sean estudiosas y objetivas en la toma de decisiones.
Con toda la información disponible, las autoridades municipales deben diseñar y poner en marcha el Plan para el Desarrollo Sostenible del Municipio. Como insumo imprescindible para la elaboración de este plan, las autoridades deben haber elaborado previamente una Política Ambiental Municipal cuyos enunciados se integren de manera práctica en el plan de desarrollo sostenible.
El plan para el desarrollo sostenible debe reflejar claramente la visión del municipio a 20-30 años, y debe combinar de manera equilibrada la armonía con el ambiente para lograr la resiliencia ambiental y una economía robusta producto de una dinámica empresarial fuerte que genere oportunidades de trabajo para los habitantes locales.
Los ciudadanos hoy día exigen a las autoridades municipales que protejan los recursos naturales existentes en el área, principalmente el agua, pero de igual forma exigen que se faciliten las condiciones para desarrollar nuevos emprendimientos, que se apoye a los empresarios locales y que no se limite el uso de los terrenos para la construcción de vivienda para los pobladores de la localidad, entre otros.
En ese contexto, todas las decisiones de las autoridades municipales deben darse en un marco de respeto al derecho de propiedad privada que ha sido consagrado en la Constitución Política de los países de la región, a la libertad de cada individuo para emprender y buscar oportunidades para tener una vida próspera. La protección de los recursos naturales no debe ser la excusa para atentar contra los derechos más básicos de las personas: el derecho a su vida, a su libertad y a su propiedad.
Un elemento relevante para que un municipio diseñe un plan de desarrollo sostenible es la participación de los ciudadanos en la revisión de los diagnósticos locales, en el análisis de las oportunidades de desarrollo y en el diseño de propuestas de acción que respeten los derechos de todos para desarrollar sus actividades, identificando las mejores prácticas a las que se van a comprometer para alcanzar la sostenibilidad. No es imponiendo limitaciones al individuo que se alcanza el desarrollo, es facilitando las condiciones para hacer las cosas bien en beneficio de cada uno y, por tanto, de la comunidad.
*Espacio de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad
