La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en los distintos ámbitos de nuestra vida no es una promesa de futuro, sino una realidad que ha llegado ya también a las instituciones públicas en México como una oportunidad para mejorar procesos.
De acuerdo con un monitoreo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, al menos 107 instituciones en el país hoy están utilizando herramientas con IA. Si bien esto refleja un avance hacia la modernización, también plantea un reto urgente: garantizar que su uso sea responsable y en apego a los derechos humanos.
Ante este escenario, comparto cuatro consideraciones que pueden servir como guía para promover un uso ético y responsable de la IA en este ámbito:
Primero, es fundamental que las instituciones alineen sus objetivos con las capacidades tecnológicas. Adoptar soluciones sin claridad sobre los problemas a resolver o sin tener una estrategia puede traducirse en inversiones ineficientes, sistemas subutilizados o incluso riesgos para la gestión pública y los derechos.
Segundo, incorporar la protección de datos personales desde el diseño de cualquier desarrollo que utilice IA, aplicando principios de privacidad desde su creación y asegurando mecanismos de minimización –que eviten recolectar o tratar más datos de los que realmente se requieren–, anonimización y seguridad.
Tercero, implementar evaluaciones de impacto en derechos humanos antes de desplegar nuevas tecnologías, para identificar riesgos y prevenir eventuales impactos negativos.
Cuarto, operar bajo principios de transparencia y rendición de cuentas. La sociedad debe saber cómo y por qué se toman decisiones automatizadas, especialmente si afectan sus derechos o el acceso a servicios públicos.
Estas recomendaciones deben acompañarse de un esfuerzo conjunto hacia el establecimiento de una regulación clara sobre el uso de IA en el sector público, que contemple lineamientos para su desarrollo, implementación y supervisión, buscando alcanzar un equilibrio entre protección de derechos y el fomento a la innovación.
El reciente anuncio de la Unión Europea de simplificar ciertos aspectos de su Reglamento General de Protección de Datos es un ejemplo de cómo incluso los marcos más estrictos pueden adaptarse para mejorar la competitividad sin debilitar sus garantías.
El uso de la IA por parte de los entes públicos no puede ni debe escapar del escrutinio democrático. México debe aprovechar esta coyuntura para adoptar esta tecnología con sentido ético y social. Por ello, es momento de llevar esta discusión al ámbito legislativo, para construir un marco jurídico que otorgue certeza, promueva buenas prácticas y garantice un desarrollo tecnológico que ponga en el centro a las personas y a sus derechos humanos. Con ello, hagamos lo que nos corresponde.
Comisionada Presidenta del INFO CDMX
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