Hace unos días, el oficialismo consumó uno de los golpes más arteros y peligrosos contra la libertad de expresión en nuestro país. Bajo la falsa pretensión de proteger al pueblo, se publicaron los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Lo que el gobierno nos quiere vender como un avance democrático es, en realidad, un manual para instaurar la censura de Estado y amordazar a las voces de oposición.
Según este nuevo ordenamiento, los medios de comunicación estarán obligados a implementar mecanismos “visuales y sonoros” para separar, con lupa de censor, lo que es información noticiosa de lo que es opinión. En la radio y la televisión, se exigirá a los concesionarios colocar cortinillas, plecas o alertas acústicas cada vez que un informador se atreva a emitir un juicio de valor o una crítica. A simple vista, el gobierno argumentará que solo busca “veracidad” y “pluralidad”. Pero seamos claros: en la práctica, esto es entregarle el monopolio de la verdad a una Comisión Reguladora al servicio del régimen.
¿Quién va a ser el gran inquisidor que decida qué es un dato duro y qué es una opinión castigable? El Estado. ¿Quién va a sancionar al periodista o al medio cuando su análisis exhiba la corrupción, la inseguridad y el fracaso de este gobierno? El mismo Estado.
En su imprescindible obra Cómo mueren las democracias, los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt nos lanzan una advertencia que hoy resuena con escalofriante precisión en México. Nos recuerdan que, en el siglo XXI, las democracias ya no mueren a manos de generales armados, ni con tanques en las calles o golpes militares; mueren lentamente, desde las urnas, a manos de líderes electos que desmantelan el sistema desde sus entrañas.
Una de las estrategias favoritas de los autócratas modernos que describen los autores es “comprar a los árbitros” y reescribir las reglas del juego legal para asfixiar a los medios de comunicación y a la oposición. Estos lineamientos representan exactamente eso: la instrumentalización perversa de la ley y las instituciones para intimidar a la prensa. Es la asfixia institucional de la libertad disfrazada de legalidad.
Con la amenaza constante de sanciones bajo el pretexto de que no se advirtió adecuadamente al público que un comentario era “opinión”, lo que verdaderamente buscan es censurar al periodismo. Quieren noticieros mudos, dóciles, incapaces de denunciar la tragedia nacional. Buscan periodistas aterrorizados con la idea de que una crítica les cueste el programa o la concesión de su medio. Quieren que los únicos que puedan opinar, difamar y sentenciar todos los días, sin cortinillas, sin alertas y sin consecuencias, sean ellos desde el poder.
Así empiezan a morir las democracias y así nacen las dictaduras. Hoy te obligan a ponerle una etiqueta a tu opinión para controlarla; mañana, con cualquier pretexto, simplemente la prohibirán. Esta es una medida burda, propia de los peores regímenes autoritarios que usan los “derechos de las audiencias” como un caballo de Troya para dinamitar el debate público.
Desde el PRI, defenderemos con firmeza y con carácter a los medios de comunicación, a los periodistas y, sobre todo, el derecho sagrado de las y los mexicanos a pensar, a disentir y a estar informados sin filtros oficiales. A este gobierno incapaz y autoritario se lo decimos de frente: la verdad no se legisla, la libertad no se negocia y a nosotros no nos van a callar.
