La confianza pública en las instituciones –ese “tejido invisible” esencial que sostiene la vitalidad de la democracia– enfrenta un desafío estructural y profundo en México. Existen tres desafíos principales y concurrentes que contribuyen directamente a la severa erosión de la confianza ciudadana en el Estado. La consecuencia es un peligroso distanciamiento donde la cooperación y legitimidad son reemplazadas por un ambiente prevalente de miedo, desconfianza y resignación. Comprender y contrarrestar la expansión del crimen, la vigilancia estatal sin contrapesos y la debilidad ante presiones internacionales resulta crucial para evitar una fragilidad institucional que podría volverse irreversible.
La Expansión del Crimen Organizado. Este desafío se centra en cómo el crimen organizado, en entornos como la Ciudad de México, ejerce un control sutil y omnipresente que socava la autoridad estatal. La extorsión, las desapariciones forzadas y la infiltración transforman la vida cotidiana en un escenario de inseguridad constante, donde el Estado parece ausente o ineficaz.
Esta expansión disminuye la confianza porque los ciudadanos perciben el fracaso de las instituciones de seguridad y el sistema judicial en su rol protector primario.
Cuando la criminalidad impone “reglas” paralelas (como cobros por protección), el Estado es desplazado, generando abandono.
Las víctimas evitan la denuncia por temor a represalias o por la convicción de que las autoridades están coludidas o son incompetentes. Esto erosiona la legitimidad, transformando la ley en un símbolo de debilidad.
La ciudadanía opta por soluciones informales (vigilantes comunitarios o pagos a criminales), lo que profundiza el ciclo de desconfianza y debilita el contrato social.
La respuesta debe trascender las medidas policiacas para enfocarse en la reconstrucción de vínculos comunitarios, pues sin ello, la confianza se reduce, fomentando la apatía electoral y la desobediencia civil.
Las nuevas facultades de vigilancia del Estado. El segundo vector aborda la digitalización del Estado, visible en iniciativas como la CURP Biométrica y la ampliación de capacidades del SAT. Aunque prometen eficiencia, abren la puerta a una vigilancia masiva si no se establecen las salvaguardas suficientes.
Este desafío mina la confianza al generar el temor de que las instituciones utilicen la tecnología para controlar y vigilar a la población, evocando un Estado orwelliano.
Cuando la biometría se implementa sin contrapesos judiciales o rendición de cuentas, se percibe un abuso de poder que invade la esfera privada.
Esto rompe el principio de reciprocidad: los ciudadanos esperan que el Estado proteja sus derechos, no que los erosione bajo el pretexto de la “eficiencia”.
La ausencia de un organismo garante de derechos digitales agrava las sospechas de autoritarismo.
Con precedentes de vigilancia abusiva (caso Pegasus), la percepción lleva a la desconexión: los ciudadanos evitan la interacción digital, optando por el anonimato o la informalidad económica, lo que debilita la gobernabilidad.
La inestabilidad global, con énfasis en el retorno del trumpismo. Finalmente, el frente internacional destaca cómo eventos como el potencial “retorno del trumpismo” –con sus políticas proteccionistas y disruptivas– alteran los equilibrios globales y afectan a México en comercio, migración y soberanía. El país debe responder con estabilidad interna y cooperación estratégica, resistiendo la subordinación.
La inestabilidad global disminuye la confianza porque expone la vulnerabilidad inherente de las instituciones mexicanas ante presiones externas.
El resurgimiento del trumpismo podría revivir tensiones en el T-MEC, forzando a México a concesiones (por ejemplo, militarización de fronteras). Esto genera la percepción de que el gobierno prioriza intereses extranjeros sobre los nacionales.
El fenómeno erosiona la confianza al infundir un profundo sentido de impotencia: los ciudadanos observan cómo las instituciones fallan en la defensa de la autonomía.
Esta subordinación fomenta el cinismo hacia el Estado, ya que los mexicanos sienten que sus líderes responden a “vendavales externos”.
Como resultado, la confianza se reduce, manifestándose en una mayor polarización interna y un repliegue hacia un nacionalismo reactivo.
Estos tres desafíos están profundamente interconectados e ilustran con claridad cómo la erosión de la confianza es una consecuencia directa de fallas institucionales que han permitido el avance del crimen organizado, el abuso de la tecnología de vigilancia y la debilidad internacional.
La salida radica en reconstruir esa confianza perdida mediante pilares de transparencia, participación comunitaria y contundentes equilibrios de poder. Ignorar estos impactos sistémicos podría llevar a una fragilidad institucional irreversible, un Estado donde la democracia se sostenga únicamente por inercia y no por la convicción ciudadana.
*Diputado local por el Distrito 15 de Iztacalco
X: @PabloTrejoizt