Teocaltiche volvió a demostrar que la brecha entre el discurso oficial y la realidad es abismal.
Mientras el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, utilizó su Primer Informe de Gobierno para presumir disminución de delitos, coordinación con fuerzas federales y recursos “históricos” para atender desaparecidos, el municipio vive un escenario completamente distinto: miedo permanente, desapariciones constantes y autoridades que parecen rebasadas o deliberadamente silenciosas.
La presidenta municipal, Margarita Villalobos, no solo evita reconocer el tamaño de la crisis, sino que se ha convertido en observadora pasiva de la violencia, incluso en medio de las fiestas de octubre, cuando el municipio recibe visitantes y debería garantizar seguridad mínima.
El silencio municipal y estatal no es casual: es complicidad por omisión, es cálculo político, es la apuesta por esconder la realidad con estadísticas mientras la gente sigue desapareciendo.
El mismo día del informe, dos hombres —un adulto y un adolescente originarios de Zacatecas— fueron asesinados a balazos mientras instalaban juegos mecánicos en la colonia Juárez. Un tercero resultó herido. El ataque ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche, a un costado del Río Teocaltiche. La violencia no esperó a que terminara el discurso.
Pero la tragedia no se resume en un solo episodio. Teocaltiche enfrenta una ola creciente de desapariciones que el portal Dominio Público Noticias documenta caso por caso, mientras el gobierno intenta minimizar la crisis. Habitantes reportan levantones, sujetos armados en camionetas blindadas y saqueos de viviendas.
La desaparición más reciente fue la de un hombre que viajaba regularmente a Estados Unidos y que fue privado de la libertad por un comando que también vació su casa en la colonia El Barrio.
Y apenas este domingo, en pleno centro del municipio, una adolescente de 16 años, fue obligada a subir a un vehículo por al menos cuatro sujetos armados con chalecos tácticos con las siglas del CJNG, justo frente al área donde se estacionan las patrullas municipales y estatales, mientras cientos de personas acudían a la Feria 2025.
La autoridad municipal no ha exigido reforzar operativos, no ha alzado la voz, ni siquiera ha dado la cara. Es la política del silencio, del “no pasa nada”, de la indiferencia por encima de la gente.
Lemus prometió pacificar Teocaltiche en 45 días. No lo hizo. No hay resultados, no hay estrategia y no hay presencia real del Estado.
Si el gobernador está más preocupado por defender su narrativa que por defender a la ciudadanía, entonces ha renunciado a gobernar uno de los municipios más heridos por el crimen organizado.
Y si la presidenta municipal no puede garantizar seguridad ni siquiera durante la feria, con la policía a metros de distancia de un levantón, entonces Teocaltiche está bajo un vacío de poder que nadie quiere reconocer.
La violencia no se tapa con discursos. Las desapariciones no se borran con estadísticas. Teocaltiche exige gobierno. Y cada día sin respuesta política, la realidad termina escribiendo un informe distinto: uno con muertos, desaparecidos y comunidades abandonadas.
En Cortito: Nos cuenta que el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, tomó una posición política que pocas autoridades municipales se atreven a asumir: puso a las víctimas al centro del trabajo público.
Su presencia en el 4to. Informe de Actividades de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos (CEARV) no fue un acto social ni de cortesía, sino una afirmación de que el municipio decidió coordinarse con el Estado para atender a quienes fueron vulnerados en sus derechos.
Urióstegui reconoció el trabajo que encabeza Penélope Picazo Hernández, pero además recordó un dato clave: Cuernavaca se integró al Modelo Estatal de Atención Integral a Víctimas.
Eso significa que hoy cualquier persona afectada puede ser canalizada a servicios jurídicos, psicológicos, económicos o de prevención sin burocracia ni simulación. El municipio dejó de actuar solo y se incorporó a una red estatal que sí opera y sí entrega resultados.
Acompañado de su esposa, Luz María Zagal Guzmán, presidenta del DIF municipal, así como integrantes del Cabildo y Gabinete, el edil delimitó su postura: su administración no dará pasos atrás en la defensa de los derechos humanos. Las víctimas son prioridad y la justicia será una obligación, no una promesa.
