México ha cedido ante la presión implacable de Estados Unidos, enviando a decenas de presuntos narcotraficantes al norte, como si nuestra justicia fuera un termómetro ante la DEA. En febrero de 2025, 29 líderes de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación fueron extraditados, incluido Rafael Caro Quintero, responsable del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985. Meses después, en agosto, otros 26 siguieron el mismo camino. Y a inicios de 2026, 37 más, sumando casi un centenar en poco más de un año. Esto no es cooperación; es sumisión.
Washington ejerce una presión asfixiante. Bajo la administración Trump, los cárteles fueron designados organizaciones terroristas, con amenazas explícitas de ataques militares directos y aranceles punitivos si México no entregaba resultados rápidos. Las extradiciones masivas se aceleraron para apaciguar esas amenazas, en muchos casos saltándose procedimientos legales mexicanos y vulnerando el debido proceso. Estados Unidos dicta los términos: no aplicará pena de muerte a cambio de las entregas, pero ignora deliberadamente que México podría —y debería—, juzgar a estos criminales en territorio nacional si contara con un sistema judicial fuerte y confiable.
El verdadero escándalo radica en el escaso compromiso mexicano. Capturamos capos como Ovidio Guzmán en 2023, pero en lugar de procesarlos aquí, los enviamos al norte. ¿Por qué? Porque la corrupción permea instituciones, los jueces son amenazados o comprados y el Estado carece de capacidad real para llevar a cabo juicios complejos contra organizaciones criminales poderosas. Durante años las extradiciones fueron esporádicas; ahora se multiplican no por voluntad interna de justicia, sino por miedo a represalias externas.
Esta dinámica perpetúa la dependencia. Estados Unidos consume las drogas, México produce y sufre las consecuencias: decenas de miles de homicidios anuales ligados al narco, territorios enteros bajo control criminal, extorsión generalizada y un tráfico de fentanilo que mata principalmente al norte de la frontera. Washington presiona por muros, extradiciones y más operativos, pero minimiza su propia responsabilidad: la demanda insaciable de drogas y el flujo constante de armas que cruza hacia el sur.
México necesita invertir seriamente en inteligencia, reforma judicial profunda y combate frontal a la corrupción, no limitarse a exportar capos para calmar al vecino. La verdadera victoria contra el crimen organizado no vendrá de Washington, sino de un compromiso interno firme y sostenido.
¿Queremos un país que juzgue a sus criminales con soberanía y eficacia, o uno que los entregue como moneda de cambio para evitar castigos económicos o militares? Mientras sigamos optando por la segunda opción, seguiremos perdiendo dignidad, territorio y esperanza.
