1. Con la disciplina propia de una mayoría calificada en el Congreso, el periodo extraordinario de sesiones concluyó con la aprobación de 15 paquetes legislativos, que involucraron 33 leyes en total, quizá cambiando algunas comas en algunos proyectos, pero sin ceder en la esencia de centralización y control característico de estos tiempos. Pendientes, porque los dictámenes no estuvieron a tiempo, quedaron el paquete relativo al Poder Judicial, mismo que será abordado en septiembre próximo. La maquinaria legislativa funcionó inclusive apelando a sesiones híbridas, vía remota, en la Cámara de Diputados, donde varios legisladores emitieron sus votos por internet, en esa forma de participación no prevista en la Constitución, habilitada en los Reglamentos por la emergencia del Covid, contrariando el porqué los legisladores deben estar reunidos en un solo lugar histórica y constitucionalmente determinado: así, reunidos en un solo lugar, es como los representantes constituyen la soberanía popular, convocados en un recinto preestablecido.
2. Lo que sigue no es poco. Por un lado, la reforma electoral, anticipada por la Presidencia de la República, que podría cambiar el sentido del pluralismo político y la autonomía del órgano electoral y de los partidos políticos. Las propuestas presidenciales hablan de reducir el Congreso, eliminando las listas plurinominales o transformándolas en otra cosa, con menor número de legisladores pero electas las representaciones otrora pluris por la fórmula de primera minoría, con un Senado también disminuido quizás sin la lista plurinominal. Para los partidos, habrá de disminuir el financiamiento público, para que ni las elecciones ni los partidos cuesten lo que ahora cuestan. El financiamiento público ha sido un valladar contra el dinero oscuro, pero también para que subsistan extravagancias financiadas con recursos públicos que han lesionado la imagen y presencia de las organizaciones intermedias entre el Estado y la sociedad. No estaría malo que también se propiciara la democracia interna en los partidos, como es propio en las sociedades abiertas.
3. Respecto del Instituto Nacional Electoral, la cuestión va en el sentido de disminuir su burocracia (incluido el Consejo General que podría quedar en 7 de 11 consejeros), la elección directa de los Consejeros Electorales de una lista propuesta por algún mecanismo de elegibilidad (quizá como el utilizado en la elección judicial), la desaparición de los órganos estatales electorales y desde luego, la reducción del presupuesto electoral. Con ello, que el INE siga autónomo será una cuestión de semántica, como autónomos son también el INEGI y la CNDH, pero con afinidad hacia el régimen hegemónico.
4. Luego, la reforma laboral de 40 horas a la semana. Si no ha procedido es por la reticencia empresarial, pues definitivamente eleva los costos, ya de por sí presionados por los sucesivos incrementos al salario mínimo, más días de vacaciones pagadas y otras prestaciones. Aprobar esta reforma implica una reorganización del trabajo propiamente dicho, por lo que los empresarios proponen ir gradualmente. Sigue pendiente, por otra parte, la aplicación de la reforma constitucional para homologar el salario de maestros, policías y personal médico con el promedio de cotización salarial al IMSS, dado, por supuesto, el impacto presupuestal de la medida.
5. Y también se debe presentar el paquete presupuestal 2026, bastante limitado por el contexto exterior, una menor expectativa de crecimiento, inflación y tasas aún altas, el aumento en el costo de los programas sociales (a un billón de pesos) y el resultado de la negociación comercial con los Estados Unidos. Queda poca tela donde cortar y muchos subsidios por repartir. ¿Cómo vendrá la fórmula fiscal, siendo que en Estados Unidos bajarán los impuestos? Desde luego, viene la presentación del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué habrá diferente esta vez?
