Todos los días, alrededor de las 6 de la tarde, la usuaria de X @KarlaMaEstrella publica: “Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político- electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política”. ¿La razón? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le habría impuesto la sanción de publicar esa disculpa por 30 días como consecuencia de haber incurrido en violencia política de género, al sugerir que la hoy diputada #DatoProtegido obtuvo en su momento su candidatura gracias a su marido. Cada día que se publica la disculpa, la sociedad civil condena el caso, que ha representado en la conversación social uno de censura y asimetría de poder.
A diferencia de otro tipo de escándalos, este revive diario. Por tanto, no es casualidad que, desde hace algunos días, el hoy Presidente de la Cámara de Diputados haya intensificado su presencia en medios para hacer frente a la crítica social. En defensa del caso, ha proporcionado su interpretación de la sentencia: una sola disculpa, publicada y fijada por 30 días, era más que suficiente para dar cumplimiento al fallo. Pero no solo eso, ha acusado que, más que indignación social orgánica, existe una campaña de desprestigio orquestada por un despacho de abogados. Por una abogada “activista” que, según sostiene, también ha representado a Xóchitl Gálvez, Denise Dresser, Laisha Wilkins y Max Kaiser.
De mantenerse este discurso, a la acusación de nepotismo, censura y asimetría de poder, podría sumarse la de interferencia con el libre ejercicio de la abogacía. Lo anterior, pues el embate sugiere que, por ser el defensor legal de críticos y opositores políticos y por participar en la impugnación de políticas de la 4T, los abogados transmutan en activistas de derecha. El mensaje es claro: podrías volverte un opositor y, desde luego, un destinatario de presiones. Y esto, estimado lector, genera un efecto amedrentador en la aceptación de casos que, directa o indirectamente, involucren proyectos gubernamentales, desde impugnaciones de cobros fiscales indebidos hasta juicios en defensa del medio ambiente, de comunidades indígenas o del derecho a la salud, a la educación, a la competencia, entre muchos otros. Y del efecto inhibitorio a la persecución, solo hay un paso.
Así pues, fenómenos como este no solo involucran los derechos del cliente y del abogado en cuestión. Generan, también, un efecto sistémico en perjuicio de la sociedad en su conjunto, que vería obstaculizado su derecho a obtener una debida defensa particularmente en casos que involucren actos de autoridad en contra del gobernado. Precisamente por ello, los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados (adoptados en 1990 en el marco de la Naciones Unidas), refieren que los gobiernos deben garantizar que los abogados puedan desempeñarse sin intimidaciones, acosos o interferencias indebidas (numeral 16). Precisamente por ello, prevén que los abogados no deben ser identificados con sus clientes —ni con las causas de sus clientes— como consecuencia del desempeño de sus funciones (numeral 18).
Y atribuir las acciones y motivaciones del cliente a su abogado no solo desincentiva que estos los defiendan. Nos dice que, en realidad, todos los gobernados somos iguales ante la ley, pero que algunos son más iguales que otros.
* Esta columna se hace en colaboración con María José Fernández Núñez
