En cuestión de días se definirá, en la Cámara de Diputados, el rumbo que podría tomar la fiscalización en México durante el periodo 2026–2034. Tras el registro de 92 aspirantes y en un proceso que incluye revisión de perfiles, entrevistas públicas e integración de una terna con criterio de paridad, la Comisión de Vigilancia deberá remitir su dictamen a más tardar el 11 de marzo a la Mesa Directiva, para que el Pleno vote en esa misma fecha o en la sesión inmediata que corresponda. Lo que estaría en juego no sería únicamente un nombramiento. Se estaría delineando el modelo de Auditoría Superior de la Federación que acompañaría al país en los próximos ocho años: una institución que continúe reaccionando cuando el daño ya ocurrió o una que avance hacia un esquema más inteligente, preventivo y con impacto social tangible.
La discusión no es técnica en sentido estrecho; es institucional y social. La ASF es el órgano técnico de la Cámara de Diputados encargado de fiscalizar ingresos, egresos, deuda pública y desempeño de programas federales. Sin embargo, su función no debería entenderse como una revisión contable aislada. Cuando una obra queda inconclusa, cuando un hospital no recibe equipamiento o cuando un programa no alcanza sus metas, no se trata de cifras mal registradas; se trata de recursos que no cumplieron su finalidad pública. Y eso impacta directamente la vida de mexicanas y mexicanos.
Durante años, la fiscalización se ha ejercido de manera predominantemente posterior al cierre del ejercicio fiscal. Se revisa cuando los recursos ya fueron utilizados y cuando la posibilidad de corregir desviaciones suele ser más limitada. Ese enfoque correctivo es indispensable y debe mantenerse. No obstante, frente al volumen, complejidad y dispersión territorial del gasto público actual, podría resultar insuficiente si no se complementa con herramientas que permitan anticipar riesgos y reducir espacios de discrecionalidad.
La evolución posible no implicaría modificar la Constitución ni ampliar estructuras administrativas. Implicaría aprovechar con mayor inteligencia la información que el propio Estado ya genera. Una ASF más analítica significaría cruzar datos, identificar patrones atípicos, establecer alertas tempranas y orientar auditorías con base en gestión de riesgos. No sería una institución más costosa, sino mejor organizada. No demandaría más aparato, sino mayor especialización técnica y procesos optimizados.
Ese giro tendría un sentido profundamente social. Prevenir desviaciones no sería un ejercicio abstracto; sería una forma concreta de proteger derechos. Cada peso público proviene del esfuerzo colectivo y debería traducirse en servicios, infraestructura y oportunidades reales. Si la fiscalización actuara con mayor oportunidad, se reducirían pérdidas, se elevaría la calidad del gasto y se fortalecería la confianza ciudadana en las instituciones.
La coyuntura actual abre esa posibilidad. La Comisión de Vigilancia revisa expedientes, escuchará entrevistas y propondrá una terna que deberá ser votada por el Pleno con el respaldo de las dos terceras partes de las y los diputados presentes. El proceso contempla paridad y acompañamiento académico en la evaluación. Esa combinación de rigor técnico y legitimidad democrática ofrece una oportunidad para reflexionar no solo sobre quién encabezará la institución, sino sobre qué tipo de fiscalización requiere el país en esta etapa.
El periodo 2026–2034 podría convertirse en un punto de inflexión si se apuesta por una Auditoría más preventiva, más estratégica y más cercana a las personas. No se trataría de sustituir responsabilidades ni de invadir competencias ejecutivas. Se trataría de fortalecer la capacidad del Estado para cuidar el patrimonio colectivo desde su origen, acompañar con criterios técnicos claros y evaluar resultados con mayor oportunidad.
La Auditoría Superior de la Federación no es un órgano distante ni un ejercicio técnico reservado a especialistas. Es una pieza estratégica del Estado mexicano para asegurar que los recursos públicos cumplan su propósito social. En los próximos días se definirá si la ASF permanece anclada en un modelo predominantemente reactivo o si decide avanzar hacia una institución más inteligente, preventiva y cercana a la ciudadanía. La decisión marcará la forma en que se protege el dinero de todas y todos. Porque, en el fondo, fiscalizar no es revisar papeles: es cuidar oportunidades. Y en una democracia que exige resultados, cada peso público debe regresar íntegro a la sociedad.
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