Desde este martes la Comisión de Hacienda y Crédito Público, encabezada por Carol Antonio Altamirano, tiene en sus manos una decisión con repercusiones reales para el sector de apuestas: votar la propuesta de elevar el IEPS de casinos del 30 por ciento al 50 por ciento, medida que Hacienda estima podría recaudar 5 mil millones de pesos adicionales para 2026. En el dictamen están incluidas plataformas nacionales y extranjeras, con la amenaza pública de bloqueos contra aquellas que no cumplan. Para quienes operan legalmente, esto no es solo un ajuste, pues bien podría representar una crisis de viabilidad.
Los impulsores de la medida argumentan que México aporta apenas 0.01 por ciento en recaudación frente a un sector que representa 0.55 por ciento del PIB, y citan tasas comparativas de 83.5 por ciento en Francia, 50 por ciento en Reino Unido y Polonia, o 39 por ciento en España como ejemplos que justifican una alza. Pero la industria responde que esos modelos no son equivalentes: tienen bases gravables distintas, deducciones, topes progresivos, reglas diferenciadas para plataformas digitales. Aplicar un gravamen uniforme del 50 por ciento aquí equivaldría a operar contra la realidad nacional. El riesgo va más allá del pago fiscal. Si pagas 50 por ciento sobre utilidades brutas, muchos operadores legales quedarán en jaque.
Y cuando la carga es excesiva, el jugador migra. Hoy se estima que 60 por ciento del mercado de apuestas en línea opera en la ilegalidad, con alrededor de 4 mil 500 sitios que no tributan ni rinden cuentas. Un aumento abrupto sin control real del mercado ilegal implica que la recaudación esperada se reduzca.
El sector formal recuerda que la Ley Federal de Juegos y Sorteos data de 1947, y no fue pensada para plataformas digitales ni competencia global. En años recientes se ha hablado de nueva ley, inclusive con participación de la Secretaría de Gobernación, que lidera Rosa Icela Rodríguez, reuniéndose con operadores, permisionarios y autoridades para construir un marco actualizado. Pero si el Congreso aprueba este IEPS sin esa ley, se consumará un error estructural: pagar impuestos altos por una actividad sin reglas modernas de piso parejo.
Durante el debate estarán presentes diputados como Federico Döring (PAN), Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) o Yerico Abramo (PRI), quienes podrían marcar la diferencia si presentan reservas para escalonar tasas o distinguir entre operadores legales e ilegales. Es urgente que esas voces defiendan una fiscalidad responsable, no un repunte impositivo que dinamite el sector.
El gobierno alega que esta alza busca “proteger a la sociedad” y destinar recursos a salud; los expertos fiscales lo llaman más recaudatorio que preventivo. No es que la industria sea intocable, pero imponer un aumento sin mecanismos de control al juego ilegal equivale a apuntar a los márgenes frágiles. Quienes apuestan con permisos han aportado más de 10 mil millones de pesos anuales en impuestos federales, estatales y municipales, y generan más de 60 mil empleos directos y 144 mil indirectos. No pedir exenciones; pedir proporcionalidad es reclamo básico de quien cumple.
Voz en Off
Sanciones puntuales ya se exigen para BBVA Bancomer, tras la nueva falla masiva ocurrida el lunes 13 de octubre, que dejó sin servicio durante varias horas a millones de usuarios en todo el país. El banco atribuyó el problema a una máquina que dejó de funcionar, afectando la plataforma de almacenamiento del ordenador central, una explicación que resulta tan simplista como preocupante. La falta de transparencia, inexperta, y la comunicación superficial de esta institución financiera, reflejan una actitud de indiferencia ante incidentes que se repiten con alarmante frecuencia. Lamentable situación que se repite de manera constante en este Banco de origen español, que ya lo ve como una chuscada de la que no hay que hacer escándalo….
@juliopilotzi
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