El próximo 1 de junio, el país vivirá un momento histórico: por primera vez, las personas juzgadoras —ministros, jueces y magistrados— serán elegidas mediante el voto popular. Este inédito proceso, producto de la reciente reforma judicial, “promete transformar la relación entre la ciudadanía y el Poder Judicial”. Pero también plantea una pregunta crucial: ¿es esta una evolución hacia una justicia más transparente, o el inicio de su politización?
Las implicaciones de la próxima elección no son menores. El Poder Judicial, concebido como un contrapeso imparcial frente a los otros poderes, enfrenta ahora el reto de mantenerse independiente en un escenario dominado por campañas, alianzas y estrategias electorales. Mientras los promotores de la reforma defendieron en su momento -y ahora también- un avance democratizador, los críticos mantienen la alerta sobre los riesgos de convertir a la justicia en una herramienta al servicio del gobierno. Un actor más del juego político.
Uno de los principales argumentos a favor de la elección judicial es que aumentará la legitimidad del Poder Judicial al acercarlo a la ciudadanía. En términos prácticos, las personas juzgadoras tendrán que rendir cuentas directamente al electorado, promoviendo decisiones más alineadas con las demandas y valores sociales.
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Además, el proceso electoral también promete romper con las élites cerradas que “solían“ dominar las designaciones en el ámbito judicial. Los mecanismos tradicionales muchas veces favorecían, de acuerdo a los argumentos en favor de la reforma, a personas con conexiones políticas o familiares, más que a las verdaderamente calificadas. ¿La elección garantizará un cambio? ¿podrá abrir espacios para profesionales bien intencionados y menos tradicionales, diversificando el perfil de quienes ejercen la justicia?. La ciudadanía expresará su decisión el domingo próximo.
Sin embargo, el mayor peligro de lo que se vivirá en el ejercicio inédito es la politización de un poder que debe ser imparcial por definición. Una campaña electoral implica necesariamente financiamiento, alianzas y compromisos que podrían comprometer la neutralidad de los jueces y magistrados electos. ¿Cómo garantizar que las decisiones judiciales no estuvieron influidas por financiamientos y acciones discrecionales en la campaña?
También está el riesgo de que el electorado priorice criterios populistas sobre la capacidad técnica y la integridad de los candidatos. En sociedades polarizadas, las elecciones judiciales podrían convertirse en batallas ideológicas, debilitando la percepción de imparcialidad del Poder Judicial.
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El caso más conocido de elecciones judiciales es el de Estados Unidos, donde jueces de tribunales estatales y locales son elegidos en muchas jurisdicciones. Aunque este modelo parece democratizar la justicia, también ha demostrado sus debilidades. Estudios han encontrado que los jueces electos son más susceptibles a tomar decisiones populares pero no necesariamente justas, especialmente en casos de pena de muerte o crímenes mediáticos.
Un ejemplo emblemático es el de los estados del sur, donde los jueces han enfrentado presiones para imponer condenas más severas durante épocas electorales. Esto plantea una pregunta inquietante: ¿qué tan objetiva puede ser una justicia que depende de agradar al electorado?
En contraste, países como Alemania han optado por un modelo de designación judicial basado en criterios estrictos de mérito y evaluaciones rigurosas, con un fuerte enfoque en la independencia. Aunque menos democrático en apariencia, este sistema garantiza una mayor estabilidad y calidad en las decisiones judiciales.
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Esta nueva realidad en México nos invita a reflexionar sobre nuestra comprensión de la democracia y la justicia. El desafío radica en encontrar un equilibrio: un sistema que integre mecanismos efectivos de participación ciudadana sin comprometer los rigurosos controles necesarios para salvaguardar la independencia judicial.
En una democracia madura, esta introspección debe trascender intereses partidistas y coyunturales para enfocarse en un proyecto de largo alcance que robustezca las instituciones, promueva la equidad y garantice los derechos fundamentales de las generaciones venideras.
Solo desde esta perspectiva es posible construir un sistema judicial que actúe como un verdadero pilar del Estado de derecho. Resta por ver si la ciudadanía lo respaldará con su voto decidido o lo condenará a la irrelevancia con su indiferencia.
