Por décadas, México ha construido un entramado institucional que busca garantizar elecciones libres, equitativas y confiables. Una de las piezas clave de esa arquitectura son los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), creados a partir de la reforma electoral de 2014 con un objetivo claro: acercar la democracia a la ciudadanía en cada estado de la República, bajo estándares nacionales de legalidad y transparencia.
Hoy, sin embargo, su existencia es puesta en duda. La próxima iniciativa de reforma electoral que será presentada por la presidencia de México perfila la posibilidad de su desaparición, bajo el argumento de lograr ahorros presupuestales y simplificación institucional. Pero esa lectura reduce a un mero cálculo financiero lo que en realidad ha sido una de las mayores fortalezas de la democracia mexicana: el federalismo electoral.
Desde su nacimiento, los OPLEs han organizado más de 170 elecciones estatales y municipales, garantizando que la ciudadanía pueda elegir a sus gobernadores, congresos locales, ayuntamientos y alcaldías con procesos transparentes y adaptados a las realidades de cada región.
Su existencia ha permitido enriquecer y ampliar los cauces de participación política, integrando innovaciones como boletas en braille, capacitación en lenguas indígenas, programas de inclusión para personas con discapacidad y, en algunos estados, pruebas de voto electrónico. Todo ello no habría sido posible sin el conocimiento directo que estos organismos tienen de sus contextos locales.
La democracia mexicana, plural y diversa, no se construye únicamente desde el centro. Se fortalece en las comunidades, en las colonias, en los municipios donde el ciudadano ejerce su primer contacto con el voto y con las instituciones electorales. Ese es el valor de los OPLEs: hacer tangible, cercana y confiable la democracia en cada rincón del país.
Lejos de ser entes aislados, los OPLEs forman parte del Sistema Nacional de Elecciones, coordinados por el INE. Juntos han hecho posible un esquema de elecciones concurrentes que evita duplicidades, homologa reglas y permite que, con una sola casilla, la ciudadanía pueda votar tanto en elecciones locales como federales.
La colaboración INE–OPLEs ha demostrado eficiencia, profesionalismo y capacidad de respuesta incluso en procesos extraordinarios, como la elección judicial de 2025.
Eliminar estos organismos, bajo el argumento de ahorrar recursos, es un error de cálculo político e histórico. La experiencia de los OPLEs no se puede sustituir fácilmente desde el centro: su desaparición significaría concentrar aún más tareas en el INE, aumentar su carga operativa y debilitar la atención a realidades locales.
Además, el supuesto ahorro sería marginal frente al costo que implicaría organizar elecciones nacionales y locales desde una sola estructura centralizada, con riesgos de saturación y pérdida de cercanía ciudadana.
La discusión de una nueva reforma electoral debe partir de un principio: corregir lo que no funciona, pero no desmontar lo que sí ha dado resultados. El Sistema Nacional de Elecciones ha probado su eficacia, y dentro de él los OPLEs son parte indispensable de ese engranaje.
La democracia mexicana no puede entenderse sin la labor de los OPLEs. Son la expresión de que la participación ciudadana empieza desde lo local y que las instituciones cercanas a la gente son las que hacen posible que el voto sea libre, informado y respetado.
México necesita una reforma electoral, sí, pero una que fortalezca, perfeccione y modernice el sistema. No una que, en nombre de la austeridad, debilite los cimientos sobre los que descansa nuestra democracia.
