La justicia debe definirse a partir del contexto social desde el que se formula la pregunta en torno a lo que la justicia es. En este sentido, la justicia debe entenderse en la especificidad histórica del mundo moderno, donde la lógica de reproducción social se encuentra sometida a la dinámica de acumulación de capital.
Así las cosas, la justicia no puede ser simplemente “dar a cada quien lo suyo”, como podría entenderse bajo una perspectiva meramente mercantil o de intercambio de equivalentes. Pues, la sociedad moderna se construye a partir de una relación contradictoria conforme a la que la producción colectiva de riqueza es apropiada de manera privada y distribuida de manera inequitativa, generando pobreza y desigualdad. Por ello, en el mundo moderno la justicia no puede ser igualdad ante la ley sino justicia social basada en el reconocimiento de las diferencias, donde cada uno reciba según sus necesidades y aporte a la sociedad según sus capacidades.
En el caso de México, un país económicamente dependiente y sujeto a múltiples condicionantes que merman su libre determinación, a nadie sorprende que haya dos justicias: una es la justicia para los ricos y otra es la justicia para los pobres. Los ricos pueden acceder al Poder Judicial de la Federación, incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a base de amparos que promueven los despachos que contratan en exclusividad. Los pobres no pueden pagar abogados privados y sólo tienen a su acceso la protesta social o la denuncia pública, a las comisiones de derechos humanos y las procuradurías, en todo caso a las defensorías públicas.
De aquí que sea necesario fortalecer el acceso universal a la justicia y los medios necesarios para garantizar una defensa adecuada para todas y todos los mexicanos, con independencia de su origen étnico o condición social. De igual manera, es necesario dotar a los tribunales locales de las capacidades institucionales necesarias para resolver los asuntos de su competencia sin mayor intervención de los tribunales federales.
Más todavía, para transformar la justicia que imparte la Suprema Corte de Justicia de la Nación es fundamental e indispensable superar el neoliberalismo judicial y reconciliar el principio de legalidad con la justicia socio ambiental y la defensa de los DESCA desde una perspectiva interseccional. Es decir, una justicia post neoliberal debiese ser necesariamente una justicia social y ambiental, además de intercultural. Lamentablemente, nociones como “justicia alternativa”, “justicia restaurativa”, “justicia cotidiana” o “justicia abierta”, surgidas al calor del neoliberalismo y potencialmente útiles según el tipo de asuntos a los que se apliquen, no son suficientes para superar las injusticias históricas y estructurales que ha padecido el pueblo de México.
Conforme a la Constitución mexicana, la justicia no es sólo la aplicación imparcial de la ley, sino la concreción de principios de reconocimiento social, de desarrollo integral y soberanía nacional. La nueva Suprema Corte no debe volver a concebir el Derecho con un enfoque liberal, postivista y abstracto. Tiene que impartir justicia, sí, pero justicia social en cada caso concreto. La democracia sin justicia social se reduce a puras elecciones, por ello la democracia sin adjetivos es una democracia sin objetivos. De lo que se trata es de que la nueva justicia dé pie a “un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.
Finalmente, las redes de poder e influencia internas y externas al Poder Judicial han sido la principal fuente de corrupción de la función judicial, en tanto que impactan negativamente en el principio de imparcialidad. Es cierto que, el combate contra el nepotismo, la transparencia y la rendición de cuentas, así como la democratización del Poder Judicial son elementos fundamentales para el fortalecimiento de los tribunales y la erradicación de la corrupción. No obstante, lo más importante será evitar que el nuevo Poder Judicial desvíe sus funciones al proteger intereses particulares en contra del interés público nacional, pues siempre que lo hizo violentó y se alejó de lo dispuesto en el artículo 39 constitucional, norma en torno a la cual se articula la totalidad del sistema jurídico mexicano.
