Mientras todos hablan de los contratos millonarios, los choferes fantasma y las fotos de París que acabaron con Guadalupe Taddei, el proceso electoral federal 2026-2027 ya está en marcha. Arrancó el 10 de septiembre y culmina el 6 de junio de 2027. En juego hay 500 diputaciones federales, elecciones locales en las 32 entidades y más de 19 mil cargos. Más de 100 millones de electores y cerca de 176 mil casillas. Es el proceso más caro de la historia del INE: pidió más de 47 mil millones de pesos. Y se organiza con un árbitro que llega con la confianza muy dañada.
La renuncia de Taddei no es un detalle menor. La Auditoría Superior de la Federación investiga irregularidades en contratos por unos 514 millones de pesos vinculados a proveedores como José Alfredo Hernández Casillas, relacionados con empresas como Cajas Graf y Corporativo Zeg. Hay indicios de triangulación, conflictos de interés y compañías con pocos empleados que recibieron montos enormes. El Órgano Interno de Control abrió expedientes que involucran a funcionarios y empresas. El PAN la denunció ante la FGR por una presunta red. Todo esto con el proceso ya corriendo. La salida de la presidenta no borra el daño institucional ni la percepción de que el INE fue usado o capturado.
La desconfianza no nació el mes pasado. Viene de antes. La oposición señala complicidad de Morena; consejeros y exconsejeros han hablado de pérdida de autoridad tras la reforma que amplió las facultades de la presidencia del instituto (la llamada “Ley Taddei”). Según la encuesta de El Financiero de septiembre de 2026, la confianza en el INE está polarizada como nunca: 69 % entre morenistas y 39 % entre opositores. Una brecha de 30 puntos, la mayor desde el año 2000.
Un proceso electoral con un árbitro cuya imparcialidad está en duda puede producir resultados que una parte importante de la ciudadanía y de los partidos no acepte plenamente. Eso debilita la legitimidad de la Cámara de Diputados y de los gobiernos locales que surjan, y profundiza la polarización. Cuando la gente duda del piso parejo y del conteo, la democracia deja de ser el mecanismo para dirimir diferencias y se convierte en otra fuente de desconfianza. El país ya llega con un sistema electoral que muchos ven maltrecho. Organizar la elección más grande y cara de la historia bajo esa sombra multiplica el riesgo de que el 6 de junio se viva más como una confirmación de poder que como una expresión libre y creíble de la voluntad popular.
¿Cómo confiar en un INE pisoteado? No basta con que los consejeros restantes digan que el proceso sigue y que hay capacidad técnica. La confianza se reconstruye con investigaciones abiertas y transparentes de la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control, con nombramientos que no parezcan continuación del mismo círculo, con reglas claras que no se flexibilicen a conveniencia y con resultados que aguanten el escrutinio. Si eso no ocurre, el costo lo pagará el país entero: menos aceptación de los resultados, más polarización y una democracia que se erosiona no por un golpe, sino por la duda cotidiana de que el árbitro ya no es confiable. El escándalo de Taddei es el síntoma; el proceso de 2027 es la prueba de si todavía queda algo que salvar.
Con este diagnóstico, la pregunta no es solo quién gana, sino quién saldrá a votar. Los que confían en el árbitro acudirán. Los que no, tal vez se queden en casa o voten con el recelo de que el resultado ya estaba escrito. Y una elección con baja participación o con millones que votan sin creer en el conteo deja un poder más débil y una democracia más frágil.
