Aparte de los resultados de la elección judicial, esta la rendición de cuentas que debe la generación de ministras y ministros de la Corte que se retiran, en particular de Norma Lucía Piña, quien dejará el máximo tribunal con un mutismo sospechoso después de haber sido la que agudizó, por falta de talento político, la confrontación con el Poder Ejecutivo en tiempos de López Obrador, que terminó en la lamentable elección del domingo pasado.
Norma Piña, la sepulturera del Poder Judicial, tendrá que rendir cuentas por muchas cosas y deberá hacerlo como política, porque política es la posición que ocupa aunque ella se niegue a admitirlo. Pero además de expicar el desastre en que termina su gestión, hoy la ministra presidente de la Corte está obligada a argumentar sobre su incomprensible silencio ante el malestar de cientos de jueces y ministros que reclaman los haberes de retiro a que tienen derecho, y de los cuales nadie les ofrece una respuesta clara y confiable.
Nacional Financiera, responsable en calidad de fiduciario de los millonarios fideicomisos del Poder Judicial, trasladó todo el dinero que existía en esas cuentas y bajo su resguardo, a la Tesorería de la Federación. Nadie ha precisado por instruccionesde quién lo hizo. Entre esos recursos estaba el dinero destinado a pagar el retiro de los impartidores de justicia, por debajo del rango de ministros, que integran la estructura de tribunales y juzgados del Poder Judicial Federal y que, a consecuencia de la reforma ya lo fueron o serán cesados en sus cargos en fecha próxima. La propia reforma constitucional contempla el pago de esas liquidaciones y sin embargo, ahora nadie le responde con claridad a juezas jueces y magistrados, por algo que es un derecho humano, laboral, elemental y por supuesto fundamental.
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La presidenta de la Corte, la ministra Piña, es también presidenta del Consejo de la Judicatura. Esa institución es el órgano que, hasta su desaparición, tiene la responsabilidad de todo lo administrativo y laboral dentro del Poder Judicial. Norma Piña como cabeza de ese consejo y de todo el Poder Judicial que vive sus últimos momentos, tiene la responsabilidad legal, moral y política, con las y los juzgadores, de gestionar correctamente y conforme a la Constitución y al derecho de los trabajadores, los haberes de retiro y las liquidaciones de todos los juzgadores que han sido y serán separados de su cargo por virtud de la reforma.
Parece por lo menos extraño, pero la misma ministra que convocó a la resistencia a todo el Poder Judicial para detener la reforma que a final de cuentas se aprobó, hoy guarda silencio ante lo que tiene todos los elementos de un evidente en admisible atropello contra elk patrimonio de los trabajadores de la impartición de justicia que se quedarán en la calle, sí por la reforma pero también por la pésima gestión política de la ministra presidente.
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Dicen, quienes la conocen, que Norma Piña es una gran jurista. No hay razones para dudar de ello. Apostó y perdió contra la 4T porque se negó a actuar políticamente y prefirió envolverse en la bandera de la justicia. Hoy, desde su cargo, tiene una responsabilidad para con todos aquellos que creyeron en ella y que declinaron participar en la elección judicial como ella misma lo hizo. Tiene además, el derecho de su lado, pues a menos que ella haya autorizado el traslado del dinero de los fideicomisos del Poder Judicial a la Tesorería de la Federación, existen todos los elementos para reclamar, tanto política como legalmente, al fiduciario por el dinero que se sustrajo de los fideicomisos y qué le corresponde a los trabajadores del Poder Judicial en proceso de cese.
Es inevitable preguntarse por qué la ministra sepulturera que todavía preside el Consejo de la Judicatura además de la Corte, no ha reclamado ni he dicho nada en público sobre los miles de millones que salieron de los fideicomisos, ni sobre las liquidaciones de cientos de magistrados y jueces que hoy parecen estar en el aire. Dicen algunos que ya negoció. ¿Será?
