Imagina que tu colonia decide, de común acuerdo, instalar un semáforo en un cruce peligroso. Nadie de fuera les dijo que lo hicieran; ustedes se organizaron, propusieron la idea, votaron y lo hicieron realidad. Esa capacidad de un grupo de personas para gobernarse a sí mismas, sin que nadie de afuera les imponga decisiones, es, en esencia, la soberanía.
En términos más formales, la soberanía es el poder supremo y autónomo que tiene un pueblo para decidir su propio destino. No es una corona, no es un escudo de armas y mucho menos es una propiedad exclusiva de quienes ocupan los despachos más lujosos de la capital del país. Es, primero y antes que nada, un derecho del ciudadano común.
Muchos creen que la soberanía es como un balón de futbol que el pueblo le pasa al presidente y a los diputados para que jueguen en su nombre. Pero no es así. La soberanía es más bien como el agua de una presa: su origen está en miles de pequeños ríos, arroyos y manantiales. Si los ríos de abajo se secan, la presa de arriba se queda vacía.
En un Estado democrático, el poder no reside en lo alto para luego “bajar” en forma de favores o programas sociales. Es al revés: el poder nace en las familias, en las colonias, en los pueblos y en las alcaldías, y desde ahí se construye todo lo demás.
Piénsalo así: cuando hay una fuga de agua en tu calle, ¿a quién le hablas? No le marcas al secretario de Gobernación. Le hablas a tu presidente municipal, a tu síndico, a tu alcaldesa o al área de servicios urbanos de tu demarcación. Ahí, en esa interacción cotidiana, es donde la soberanía deja de ser una palabra de libro de texto y se convierte en algo real.
El municipio –o la alcaldía, que es la figura jurídica en la Ciudad de México– es la unidad básica de la soberanía. Es el nivel del Estado donde el ciudadano no es un número de credencial de elector, sino un vecino con nombre, apellido y problemas concretos: la banqueta rota, el parque sin luz, la seguridad en la esquina.
Si la soberanía significa “el pueblo manda”, entonces el pueblo manda de verdad cuando puede decidir, en su propio territorio, cómo quiere vivir. Cuando una alcaldía escucha a sus vecinos y actúa, no está haciendo un favor: está ejerciendo soberanía. Cuando una colonia se organiza para mejorar sus condiciones, no está pidiendo limosna: está ejerciendo soberanía.
Y aquí hay algo que no se puede decir lo suficiente: la soberanía municipal no es una concesión que le otorgan los gobiernos estatal o federal. No es un permiso, no es una descentralización administrativa de buena voluntad, ni un acto de generosidad de quienes están arriba. Es un derecho que le pertenece al pueblo por el simple hecho de ser pueblo, y reconocerlo no es opcional: es obligación constitucional.
Durante siglos nos enseñaron que el poder viene de arriba hacia abajo: del rey, del virrey, del presidente. Esa idea nos hizo dependientes. Nos hizo pensar que la política es algo que “otros” hacen por nosotros. Pero la democracia moderna, sobre todo en una ciudad tan grande y diversa como la nuestra, exige lo contrario: que entendamos que la alcaldía no es la última rueda del carro, sino la primera.
Si el pueblo es soberano, entonces la soberanía no se ejerce una vez cada tres o seis años con una boleta. Se ejerce todos los días, en cada junta de vecinos, en cada cabildo abierto, en cada presupuesto participativo.
La soberanía no es un concepto abstracto que solo los abogados pueden entender. Es la capacidad que tenemos los habitantes de un lugar para decidir sobre ese lugar. Y como todo poder verdadero, no empieza en lo grande: empieza en lo pequeño, en lo cercano, en lo cotidiano.
Empieza en tu calle. Empieza en tu alcaldía.
