El 10 de septiembre de 2025, la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, fue escenario de una tragedia que dejó al menos 29 muertos y más de 70 heridos, según los últimos informes oficiales. Una pipa de gas licuado de petróleo (GLP) volcó en el Puente de la Concordia, liberando una gran cantidad de gas que, al entrar en contacto con una chispa, provocó una deflagración de gran magnitud. El saldo fue devastador: 30 vehículos afectados, edificios dañados y una onda expansiva que alcanzó hasta 180 metros a la redonda.
Este incidente ha puesto en evidencia las graves deficiencias en la regulación y supervisión del transporte de materiales peligrosos en México. Aunque las autoridades han señalado el exceso de velocidad como una posible causa del accidente, expertos en seguridad industrial y transporte coinciden en que existen otros factores que contribuyen a la magnitud de la tragedia: infraestructura vial inadecuada, falta de señalización, ausencia de muros de contención y protocolos insuficientes para el transporte de GLP. En otras palabras, la catástrofe no fue solo un accidente aislado, sino el resultado de una cadena de vulnerabilidades.
La respuesta de la empresa propietaria de la pipa, Gas Silza, ha sido cuestionada. Aunque ha mostrado disposición para colaborar económicamente, víctimas y familiares han denunciado que no han recibido el apoyo necesario. Esta falta de responsabilidad empresarial agrava aún más la situación y refleja una cultura de impunidad que debe erradicarse.
No es la primera vez que México enfrenta tragedias relacionadas con pipas de gas. En 2013, Tlahuelilpan, Hidalgo, fue escenario de una explosión de ducto que dejó 137 muertos. En 2019, un accidente similar en Salamanca, Guanajuato, causó la muerte de 8 personas. Estos episodios muestran un patrón preocupante: el transporte de combustible sigue siendo una actividad de alto riesgo que requiere supervisión constante y estricta.
En la Ciudad de México, el transporte de GLP es particularmente delicado debido a la densidad poblacional y la cercanía de las rutas de gaseras a zonas residenciales. Según datos de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), diariamente circulan miles de pipas por la capital y áreas metropolitanas, muchas de ellas operando con mantenimiento irregular y sin controles estrictos de velocidad o carga. Además, la capacitación de los conductores no siempre cumple con los estándares recomendados, lo que incrementa el riesgo de accidentes.
Las autoridades locales y federales deben implementar medidas inmediatas para prevenir futuros incidentes. Esto incluye reforzar la regulación del transporte de materiales peligrosos, instalar dispositivos de seguridad en rutas críticas, establecer protocolos claros de emergencia y garantizar inspecciones periódicas de las pipas y gaseras. Es vital que la supervisión no se limite a sanciones posteriores, sino que se enfoque en la prevención y la cultura de seguridad.
Por su parte, las empresas del sector deben asumir una responsabilidad activa. Cumplir con las normas existentes no es suficiente: deben invertir en infraestructura, en sistemas de monitoreo en tiempo real y en capacitación continua de sus operadores. Solo así se puede reducir la probabilidad de que una chispa desencadene una tragedia.
La explosión de Iztapalapa es una advertencia para todos: la seguridad en el transporte de gas no puede seguir siendo un asunto de segundo plano. La vida de los ciudadanos depende de que las autoridades y empresas actúen con rigor y responsabilidad. Cada accidente que ocurre es un recordatorio de que la prevención es siempre más humana y efectiva que la reacción ante la tragedia.
Si México no fortalece sus normas y su supervisión, y si las gaseras no asumen su responsabilidad social, las historias de Iztapalapa podrían repetirse. La sociedad merece vivir sin miedo a que una pipa mal operada destruya hogares, vidas y comunidades enteras. La tragedia de Iztapalapa no debe ser un capítulo aislado, sino un punto de inflexión que impulse cambios reales y duraderos en la seguridad del transporte de gas en nuestro país.
