No sabemos con exactitud qué edad tenía Nohemí cuando fue abusada por primera vez. Lo que sí sabemos es que tenía apenas 11 años cuando, esta semana, le tocó entrar en un quirófano para un procedimiento de interrupción del embarazo.
Lo peor de todo es que su caso, que sacude al municipio tamaulipeco de Matamoros —a cargo de Jorge Alberto Granados—, es apenas la punta del iceberg de una realidad mucho más abrumadora: de acuerdo con la Secretaría de Salud, cada año se registran cerca de 8 mil embarazos de menores de entre 10 y 14 años en el país.
Esto quiere decir que diariamente, unas 21 niñas menores de quince años quedan embarazadas. Y esto, hablando únicamente de los casos que se documentan antes de un proceso temprano de aborto. La cifra retrata una epidemia de violencia que destruye la infancia en México bajo la mirada omisa de las instituciones.
El consuelo de la burocracia
La Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, a cargo de la protección de la niñez, condenó el caso y dijo lo que todos pensamos: un hecho de esta índole está lejos de ser una historia de amor o una relación de pareja, es abuso. Punto. Sin embargo, más allá del discurso apropiado y los comunicados oficiales, queda preguntarnos qué están haciendo las autoridades si la madre de la menor comentó que, pese a sus sospechas, varias veces al interior del IMSS descartaron el embarazo y lo calificaron como una idea exagerada. La negligencia médica institucional devolvió a la víctima al mismo entorno de riesgo, permitiendo que la gestación avanzara hasta los cinco meses antes de que la verdad saliera a la luz.
El escenario en Tamaulipas refleja un fallo sistémico. Datos del INEGI revelan que, al corte de 2020, la entidad contabilizó 3 mil 830 menores de entre 11 y 17 años que ya eran madres. Para 2024, el 13.4 por ciento de los nacimientos registrados en el estado correspondió a madres adolescentes; esto equivale a decir que uno de cada ocho nacimientos proviene de una mujer que apenas empieza a vivir. Detrás de ese porcentaje no hay romanticismo; hay violencia de género, pederastia y un Estado que llega tarde a proteger las aulas y los hogares.
El fallo del entorno
Pero, hablando de la familia, la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado avanza entre señalamientos cruzados que involucran al círculo cercano de la menor. La Norma Oficial Mexicana NOM-046 establece que la prioridad debe ser el interés superior de la niñez y la restitución de sus derechos. La determinación de interrumpir el embarazo a sus 11 años fue la única alternativa médica e institucional para salvaguardar su salud física y mental frente a la atrocidad cometida.
Sin embargo, el procedimiento clínico no logrará borrar las huellas de la impunidad ni la falla en la cadena de cuidado. Si bien las autoridades determinaron, después de revisar a detalle el caso, que lo ideal era interrumpir el embarazo, la vida de Nohemí ya cambió para siempre por una serie de omisiones en casa y el Estado que la convirtieron en una víctima joven, una cifra que forma parte de lo peor de nuestra sociedad.
