1er. TIEMPO: Ser o no ser, que diga Trump. La política de cancelación de visas para entrar a Estados Unidos no es algo nuevo. Se ha hecho durante muchos años contra quienes infringen el tiempo que les permiten estar en el país, o que cometen algún delito grave o reinciden en uno menor. Pero esa práctica cambió de metabolismo al llegar Donald Trump a la Casa Blanca en enero del año pasado, y comenzó una cruzada contra los cárteles de la droga que, aseguró, controlaban México. Las presiones comenzaron rápidamente y la amenaza de que, como primer paso para llegar a judicializar casos, se elaborarían listas de políticos bajo sospecha a quienes se les habían abierto investigaciones por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. La primera información sobre la elaboración de una lista de políticos de Morena bajo sospecha, la publiqué en la primera quincena de mayo, mencionando que existía una lista negra de prominentes mexicanos, y que iba a empezar a anular visas a funcionarios, políticos, empresarios y artistas. Días después, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, hizo público que la suya había sido revocada. A finales de ese mes, Tim Golden, que había sido corresponsal en México de The New York Times en los 90’s, reveló en ProPublica, un medio digital estadounidense, que la primera lista con políticos vinculados con los cárteles de las drogas la había elaborado Terry Cole, que era uno de los jefes de la DEA en México, molesto por la exoneración fast track de la Fiscalía General de la República del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, con los nombres de 35 militantes de Morena. Años después, Cole fue una mala noticia para el gobierno obradorista, porque Trump lo nombró jefe de la DEA. Las revelaciones que hicimos, Golden y quien esto escribe, fueron calificadas de mentiras, en un doble discurso gubernamental donde lo privado no coincidía con lo público. Pero gradualmente, comenzaron a mencionarse en la prensa listas de políticos bajo la mirada policial de Estados Unidos, que con hechos y declaraciones fueron tomando carta de identidad, convirtiéndose en una especie de certificación de buena conducta de los políticos. El último morenista de quien sabemos que le cancelaron la visa fue Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido defendido y mostrado como la bandera de la soberanía. El discurso nacionalista y las declaraciones reiteradas de que una visa no define a un mexicano, no puede contrarrestar la idea, incluso entre los militantes de Morena, que para un político tener una visa es sinónimo en estos tiempos de integridad, y que la cancelación del permiso, sea culpable o no de las imputaciones que tienen en Estados Unidos, será una marca en la frente que no podrán borrar.
2º. TIEMPO: Avisos por goteo. Los ataques a Tim Golden y contra mí por la publicación de la existencia de las listas, no cejaron en el campo público, y se fueron confirmando en el privado. En la primera quincena de junio del año pasado, casi un mes después de la primera revelación de la existencia de las listas, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, le dijo a la presidenta Claudia Sheinbaum que de manera extraoficial sus enlaces en el Departamento de Estado le habían dicho que había al menos 96 mexicanos, políticos, empresarios y artistas, cuyas visas estaban bajo revisión. Para entonces, las únicas visas que públicamente se habían revocado eran las de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su entonces esposo, Carlos Torres, un bróker político en el estado, y las del grupo Los Alegres del Barranco en abril del año pasado, como reacción de Washington a la proyección de imágenes de Nemesio Oseguera, El Mencho, que era el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación. El mismo junio, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, le había entregado una lista de 300 personas en el servicio público, que eran objeto de investigaciones en Estados Unidos. En ese momento, la presidenta no le prestó atención al tema de la cancelación de las visas y las investigaciones, aunque le pidió a García Harfuch estar al pendiente. En unas cuantas semanas, las cosas comenzaron a cambiar en Palacio Nacional. A mediados de julio, el embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, le informó que entre las nuevas prioridades de su gobierno estaba el combate al huachicol, porque se había convertido en una importante fuente de financiamiento de los grupos “narcoterroristas”, como el gobierno de Donald Trump había calificado y clasificado a los cárteles mexicanos. El cambio de actitud de la presidenta vino por las presiones del expresidente Andrés Manuel López Obrador para saber en qué situación se encontraban sus hijos mayores, José Ramón y Andrés, ante el gobierno de Trump. López Obrador ya le había pedido a José Ramón que se mudara de Houston, donde vivía, y se fue a la Península de Yucatán. Sheinbaum, de manera sutil, le pidió al embajador tener una copia de la lista, pero Johnson dijo que veía difícil que el Departamento de Estado accediera. Así fue. Nunca le dieron nada. Entonces empezó a presionar al entonces canciller Juan Ramón de la Fuente y a García Harfuch, para que por otras vías obtuvieran la lista, pero tampoco lo lograron. El gobierno estaba a ciegas y así tendría que navegar, limitando su estrategia sobre la cancelación de visas, a toro pasado.
3er. TIEMPO: La pesadilla de las listas. Las listas se convirtieron en un objeto muy preciado para el gobierno mexicano. Pero también, hubo políticos que se acercaron a despachos de abogados para pagar lo que fuera prácticamente, para saber si estaban en las listas negras de las visas. Hubo un temerario funcionario, Ricardo Peralta, que se encuentra imputado en una Corte Federal de Texas por su presunta participación en la red de robo de combustible que organizó el empresario Sergio Carmona en Tamaulipas, de donde salió el financiamiento para ocho gubernaturas en juego en 2021 -de las que ganaron siete-, que aprovechó la coyuntura para vender a gobernadores en el Pacífico que él podía confirmar si estaban en esas listas. Obvio. Eso no era posible. Pero la información siguió fluyendo. En agosto, publiqué que, en una visita oficial a Washington, uno de los secretarios de Estado que fue a una reunión oficial, lo llamaron por separado al Pentágono, en donde le dieron una lista refinada de funcionarios bajo sospecha de estar coludidos con el crimen organizado, entre los que se encontraban dos generales (uno activo), dos miembros del gabinete federal, tres gobernadores y uno de los líderes de Morena. Esto había sido preámbulo de la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a México, a principios de septiembre, en donde se le entregó al gobierno de Claudia Sheinbaum una nueva lista con 55 nombres de políticos presuntamente vinculados a los cárteles, con la petición directa de que los procesara y juzgara en México. Eso, como ha quedado claro, nunca sucedió. La molestia de los diplomáticos estadounidenses fue cada vez más evidente ante la falta de acción judicial contra los sospechosos de lazos criminales. Incluso, en una ocasión, el embajador Ron Johnson le dijo a la presidenta que el Departamento de Estado estaba considerando dar a conocer la lista de políticos bajo sospecha y las razones de la cancelación de sus visas. En Palacio Nacional se atrincheraron política y retóricamente. Revelaciones en la prensa mexicana sobre la cancelación de las visas de los gobernadores de Morena, Alfonso Durazo de Sonora y Américo Villarreal, de Tamaulipas, fueron desestimadas en México. La respuesta llegó en junio pasado, cuando Los Angeles Times confirmó que les habían cancelado sus visas y agregó que lo mismo había sucedido con la del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Más adelante publiqué que le habían cancelado la visa al senador Adán Augusto López, y al exgobernador de Chiapas y actual cónsul en Miami, Rutilio Escandón. Ya eran demasiados para no hacerle caso. La cancelación a Andrés López Beltrán, fue la última visa en saberse cancelada, pero no se agrega a unas cuantas. De acuerdo con un funcionario estadounidense, se han cancelado más de 50 visas a políticos, de diferentes partidos como el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, por sospechas de estar vinculados con el crimen organizado. Ya nadie duda de la existencia de las listas negras. Ahora, son su pesadilla.
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