Libertad de expresión: la palabra puede costar hasta la vida

México atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de libertad de expresión, no se trata de un deterioro repentino, es el resultado de décadas de impunidad, de indiferencia institucional y de una creciente normalización de la violencia hacia quienes se atreven a denunciar o levantar la voz frente a las injusticias, a los excesos de poder y a la corrupción en obras y servicios.

Incluso de acuerdo con datos de RSF México se mantiene como uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los periodistas y desde el 1 de enero de este año hasta la fecha se han reportado siete asesinatos, lo que sin duda, deja en evidencia la falta de resultados en la seguridad que brinda el Estado; además la creciente presencia de creadores de contenido, influencers y comunicadores independientes los ha convertido en un blanco constante con resultados fatales.

En junio de 2026, la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, fundadora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada de su domicilio en Nanchital por un comando armado; ella lo registró en video y lamentablemente semanas después, sus restos fueron localizados en un rancho del municipio de Moloacán.

Podríamos, como siempre creer el discurso constante y responsabilizar al crimen organizado, pero irónicamente se reveló la participación de elementos policiales municipales que habrían brindado apoyo logístico a los criminales; lo que demuestra que la impunidad que rodea estos crímenes no es accidental, es estructural.

La violencia ha alcanzado con particular saña a los creadores de contenido, el asesinato de César Gastélum, ocurrido la noche del 4 de agosto de 2026 en Culiacán, constituye un ejemplo escalofriante y es que mientras realizaba una transmisión en vivo, dos sujetos a bordo de una motocicleta se detuvieron frente a ellos y uno de los agresores le disparó a quemarropa en la cabeza. Todo quedó registrado en vídeo, además de que el crimen ocurrió a escasos metros de la Fiscalía General del Estado.

Otro caso que conmocionó al país ocurrió en mayo de 2025; Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada a tiros mientras realizaba una transmisión en vivo por TikTok en su salón de belleza en Zapopan. La transmisión captó el momento en que un supuesto repartidor entró al local y la ejecutó.

Pero, la violencia física no es el único instrumento para silenciar en nuestro país, existe también el uso de figuras jurídicas e instituciones del Estado que a veces pueden convertirse en herramientas de presión o censura contra comunicadores. Demandas estratégicas, investigaciones selectivas, hostigamiento administrativo o el simple abandono de la protección generan un clima de autocensura.

El debate público debe generar preguntas incómodas porque la prensa tiene la obligación de cuestionar, un gobierno que solo quiere ser alabado no puede considerarse democrático sino un poder frágil que teme a la verdad. En México, ese temor se manifiesta tanto en la violencia criminal que elimina voces como en las “figuras” institucionales de controlar la narrativa.

La libertad de expresión es un derecho constitucional, la censura no debe provenir de las instituciones ni de los grupos de poder, debe ser, en todo caso, de la propia audiencia, que tiene el derecho y la responsabilidad de discernir y decidir qué escucha y qué rechaza.

La decadencia de la libertad de expresión en México no comenzó ayer, se ha ido construyendo con cada asesinato impune, con cada amenaza ignorada, con cada periodista obligado a abandonar su ciudad o su oficio, con cada creador de contenido que prefiere callar antes que arriesgar la vida. El precio lo pagan las víctimas y claro la sociedad que se queda sin información, sin debate y sin la posibilidad de cuestionar a quienes están en el poder.

Un país donde la palabra se paga con muerte no es un lugar democrático, un gobierno que no protege a quienes informan, investigan o narran la realidad cotidiana deja de lado una de sus responsabilidades fundamentales: proteger a sus habitantes.