El pasado 15 de octubre el secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente se reunió en Washington D.C. con el secretario de Estado Marco Rubio, en seguimiento a la visita que hiciera el funcionario estadounidense a México en septiembre pasado, en la que también sostuvo un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Como se recordará, en la visita de Rubio a México la agenda estuvo muy cargada de los intereses estadounidenses, específicamente en seguridad y migración, tráfico de fentanilo y cárteles mexicanos, fortalecimiento de la frontera bilateral y tráfico de armas de interés para México. En esa ocasión los dos países convinieron en eliminar túneles fronterizos clandestinos, contener flujos financieros ilícitos y robo de combustible, incrementar el intercambio de inteligencia y establecer un grupo de alto nivel. Si bien Rubio elogió la cooperación con México, Estados Unidos ha mantenido presión sobre el país para intensificar las acciones contra el crimen y la migración.
El 26 de septiembre en McAllen, Texas, agencias gubernamentales de ambos países convocaron a la reunión inaugural del Grupo de Implementación de Seguridad México y Estados Unidos, en la que se anunció la iniciativa Misión Firewall: unidos contra el tráfico de armas de fuego, que facilita a México el uso del sistema eTrace para el rastreo de armas de fuego, administrado por la Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), así como a la tecnología de imágenes balísticas para los 32 estados mexicanos; además acordaron el impulso de plataformas para el intercambio de información y el incremento de investigaciones y procesos judiciales bilaterales.
En Washington ambos funcionarios revisaron el Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley entre México y Estados Unidos, establecido en septiembre, y revisaron los temas acordados durante la visita de Rubio a México.
La insostenible criminalidad en México motivó al país a aplicar una estrategia diferente a aquella de la tolerancia y el contubernio de los Abrazos y no balazos, en gran parte motivada por la presión estadounidense que siempre demandó a México métodos más agresivos contra los criminales, mediante amenazas arancelarias, e incluso, de una intervención militar. Seguramente la Casa Blanca no cejará en las demandas de un enfoque activo y resultados inmediatos.
La actual estrategia tiene un signo distintivo de la participación de las fuerzas armadas: según SEDENA a octubre de 2025 la fuerza operativa contra el crimen organizado estaría compuesta por 161,380 elementos (71,094 de SEDENA, 19,493 de SEMAR y 70,793 de la Guardia Nacional), pero también se pretende construir capacidades civiles en materia de inteligencia e investigación. El panorama criminal ha alcanzado estadios inimaginables, con presencia en casi todo el país en distintas dimensiones y grupos de alto poder. Sinaloa está sumergido desde hace más de un año en extrema violencia entre dos facciones criminales del mismo grupo, los chapitos y la mayiza, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, convertido en una poderosa fuerza armada. A lo que últimamente se ha sumado el contrabando de combustible de Estados Unidos a México que involucra a la Marina mexicana.
Crear grupos de trabajo bilaterales resulta altamente positivo, el éxito dependerá de la capacidad y voluntad de las partes para convertir los compromisos en hechos. Sin embargo, las tareas son espinosas, requieren tecnología, inteligencia, coordinación institucional y cooperación bilateral, además de políticas que debiliten la alta impunidad y fortalezcan los procesos penales. El escenario está cargado también de un magno real pesimismo para que esto pueda acabar pronto ante el poderío criminal y el amplio mercado de consumo estadounidense. Está por delante investigar, procesar y desmantelar redes ilícitas de funcionarios públicos, empresarios y cuerpos de seguridad y justicia.
