En la política mexicana impera todavía el pragmatismo político, incluso en políticos autoproclamados como de izquierda o provenientes de movimientos sociales críticos de la cultura política priista y el neoliberalismo. En la disputa por el poder, los políticos mexicanos suelen desentenderse de los principios materiales que determinan la legitimidad de su acción, así como de los contextos históricos y culturales donde acontecen los procesos políticos en los que participan.
Esta visión instrumental de la política rompe con los fundamentos éticos de la acción política y sacrifica su legitimidad en aras de su eficacia. La conservación del poder se convierte en un fin en sí mismo, la imposición autoritativa vence a los procedimientos racionales de búsqueda de consenso y la obediencia arraigada en la coacción heterónoma se coloca por encima de la libertad basada en la determinación autónoma de la comunidad política.
La historia nos confirma que el pragmatismo político derruye incluso a la izquierda más sólida. Equilibrar eficacia y principios, pregonaba un sabio político mexicano contemporáneo. Para lograrlo se requieren convicciones firmes y claridad de objetivos, pero también garantías institucionales sólidas.
En las elecciones judiciales los acordeones del pueblo fueron aplastados por el pragmatismo de los políticos. De hecho, grupos de oposición han insistido en que el proceso electoral fue intervenido por actores prohibidos por ley. Al parecer, la eficacia política triunfó, pero los principios de los políticos flaquearon. Por supuesto, los acordeones populares autogestivos no pueden compararse con las listas oficiales que presumiblemente se promovieron desde instancias gubernamentales y partidistas. De cierta manera, los analistas que han asimilado los acordeones populares con las listas oficiales para luego justificar la injerencia de autoridades y partidos en las elecciones no sólo hacen gala de cinismo sino apología de un presunto delito.
La lucha contra la corrupción de la política fracasa cuando el partido y el gobierno que encabezan la lucha reciclan e incorporan en su arsenal los vicios que antaño criticaron y cuyo combate justifica su razón de ser. Guardando las diferencias de contexto pertinentes, tal pareciera que por momentos regresamos no al México previo al neoliberalismo, sino al México neoliberal antes de la derrota del partido hegemónico.
La primera vez que escuché que alguien usaba la palabra “acordeón” para referirse a la necesidad de contar con algún apoyo para poder votar el 1 de julio fue en una reunión en Ciudad de México con organizaciones sociales, donde el tema de las elecciones judiciales se comentó de paso. Luego de varias semanas la idea se había esparcido, pues se trataba de una necesidad objetiva, una conclusión casi que evidente por sí misma, a la cual la gente llegaba al aproximarse a las boletas y conocer la complejidad misma de la elección.
Los múltiples acordeones populares expresan la pluralidad y el esfuerzo colectivo de vecinos, organizaciones y comunidades para informarse y de manera autogestiva construir conjuntamente sus listas de manera informada y responsable. En la política plebeya que surgió en torno a las elecciones judiciales nunca se pensó que existía algo así como “LA LISTA” o una lista oficial, sancionada por alguna autoridad por encima de los propios colectivos. La legitimidad de los acordeones populares radica precisamente en que fueron resultado de una auténtica apropiación social del proceso electoral: la gente se informó por sus propios medios, deliberó en sus propios espacios y tomó decisiones con métodos propios. Al menos durante dos meses la democracia judicial cobró vida en diversos lugares del país, pues el pueblo se organizó para ser el gran protagonista de un momento histórico e inédito en la política nacional.
No olvidemos que el objetivo fundamental de la reforma constitucional fue la democratización de los poderes judiciales. El Plan C no contemplaba el secuestro de la justicia por grupos políticos o de interés capacez de imponer a sus candidatos para atender compromisos opacos e ilegítimos a través de la generación y difusión de listas oficiales garantizadas por la acción concertada de autoridades del Estado, miembros del partido en el poder y operadores políticos.
Los acordeones populares representaron el anhelo de democracia y justicia del pueblo de México, la resistencia frente a toda forma de democracia controlada y una clara oposición a las llamadas elecciones de Estado. El pueblo de México se tomó en serio la responsbailidad de elegir operadores judiciales. El problema es que, dado el éxito de la “operación acordeón”, queda la sensación de que los políticos mexicanos no se tomaron en serio al pueblo.
El voto es más libre mientras más informada esté la persona que lo ejerce, pero las condiciones económicas y sociales del país son tales que esa libertad no existe para todos por igual, pues no todos tienen la oportunidad de actuar libremente o las mismas facilidades para hacerlo. No obstante, la democracia plebeya existe, nada más que no siempre coincide con la democracia oficial. Los acordeones populares de las elecciones judiciales fueron la prueba más pura de que una forma distinta de hacer democracia es posible.
