La trayectoria de la inversión pública en México presenta cambios relevantes para 2026 y los años posteriores. En el sexenio anterior la inversión pública se ubicó en 2.8 % del porcentaje del PIB promedio; para este sexenio, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se ubicaría en 3.2 %.
Ante este panorama, para 2026 se prevé una mayor inversión. Una parte de los recursos se orientarían a avanzar en la conclusión e inicio de obras ferroviarias y energéticas. También se impulsarían proyectos comolas obras de infraestructura de Pemex y CFE que, junto con los Nuevos Trenes y el Tren Maya, concentran más del 40 % de los recursos asignados.
La inversión pública en infraestructura promueve el crecimiento económico, una mejor conexión de territorio, eleva la productividad y competitividad del sector privado e incluso, abona en una mayor equidad y cierre de brechas sociales y de género.
Pese a sus bondades, la SHCP prevé en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2026 que, a partir de 2027, la inversión pública iniciará un descenso paulatino que la llevaría a al 2.6 % del PIB en 2030. A esta caída se añade la reducción de los recursos destinados al financiamiento de proyectos de inversión a través de los mecanismos de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas) y las Asociaciones Público-Privadas (APP). Estos esquemas permitían distribuir los costos de la infraestructura en el tiempo y también la participación del sector privado en los proyectos de infraestructura pública.
Según estimaciones oficiales, los compromisos de APP en 2026 pasarán de 12.6 mil millones de pesos (mmdp), a 2.8 mmdp en 2030; mientras que los compromisos asociados a Pidiregas presentan reducciones en 2026 de 134.1 mmdp, a 117.7 mmdp en 2030.
La reducción en los recursos destinados a estos instrumentos implica que el gasto de inversión debe financiarse mayoritariamente con recursos presupuestarios, lo que reduciría el margen para iniciar nuevos proyectos. Adicionalmente, el esfuerzo por disminuir el déficit público influye en la decisión de mantener a la inversión como variable de ajuste. Esta circunstancia plantea interrogantes sobre la continuidad de obras que requieran financiamiento más allá del horizonte inmediato, así como sobre la capacidad para atender sectores donde la infraestructura presenta rezagos, como educación, salud, agua y vivienda.
El comportamiento proyectado sugiere la necesidad de reflexionar sobre los mecanismos de financiamiento disponibles para la inversión pública. El diseño de instrumentos que permitan ampliar la participación privada y distribuir los costos en el tiempo podría fortalecer la capacidad del Estado para sostener proyectos estratégicos sin comprometer las metas fiscales. Asimismo, un marco fiscal fortalecido contribuiría a evitar que la inversión continúe ajustándose ante presiones presupuestarias.
La inversión pública es un componente que influye en el crecimiento económico, la productividad, así como en la provisión de bienes y servicios fundamentales. Por ello, la planeación de los próximos años requerirá evaluar alternativas que permitan sostener su ritmo y atender las necesidades de infraestructura del país, especialmente en un contexto donde los mecanismos tradicionales de financiamiento muestran una disminución relevante. Puedes consultar el análisis que el CIEP hizo sobre el tema en www.ciep.mx
