México enfrenta la disyuntiva de perpetuar inercias que profundizan las desigualdades y la inseguridad o construir soluciones de largo plazo que promuevan el desarrollo sostenible y la cohesión social. El Estado tiene la oportunidad de redefinir su futuro mediante políticas públicas que integren evidencia, federalismo y participación ciudadana. A unos días de la presentación del primer informe de Claudia Sheinbaum, es un buen momento para proponer ideas que contribuyan a la solución de los problemas más importantes del país.
Salud y desigualdad: hacia una cobertura universal efectiva. La eliminación de programas de salud, como el Seguro Popular, sin establecer alternativas universales, ha incrementado la desigualdad en el acceso a servicios médicos y ha elevado el gasto de bolsillo de las familias, afectando particularmente a los sectores más vulnerables. Esta situación ha generado una crisis en la atención primaria, la prevención de enfermedades y el acceso a medicamentos esenciales, profundizando las brechas socioeconómicas.
Es fundamental diseñar un sistema de salud universal que garantice cobertura equitativa y de calidad. Para ello, se propone fortalecer la colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la academia y la sociedad civil. Esta alianza debe enfocarse en generar diagnósticos confiables y actualizados sobre las necesidades de salud de la población, que sirvan como base para políticas públicas orientadas a la reducción de la pobreza y la mejora del bienestar.
Además, se debe invertir en infraestructura hospitalaria, formación de personal médico y acceso a medicamentos esenciales, priorizando las regiones más desatendidas. La creación de un observatorio ciudadano de salud podría garantizar transparencia y rendición de cuentas en la implementación de estas políticas.
Seguridad pública. La persistencia de los cárteles y la violencia asociada han puesto de manifiesto las limitaciones de un modelo de seguridad centrado en la militarización. Este enfoque ha generado altos costos humanos y económicos sin reducir significativamente la inseguridad, mientras que las policías locales, debilitadas y mal capacitadas, no han podido asumir un rol protagónico.
Fortalecer el federalismo en seguridad: El Consejo Nacional de Seguridad Pública debe recuperar su rol como un espacio de diálogo, diagnóstico y coordinación entre los tres niveles de gobierno. Esto implica establecer acuerdos claros para la distribución de recursos y responsabilidades, así como diseñar estrategias regionales que respondan a las particularidades de cada estado.
Inversión en policías civiles locales: Es crucial profesionalizar y dignificar las policías municipales y estatales mediante capacitación continua, mejores salarios y equipamiento adecuado. Este enfoque puede ser más efectivo que una estrategia armamentista, ya que fortalece la confianza ciudadana y permite una respuesta más cercana a las comunidades.
Prevención del delito: Complementar las acciones de seguridad con programas de prevención enfocados en la educación, el empleo y la cohesión social, especialmente en comunidades vulnerables donde los cárteles tienen mayor influencia.
Justicia. La protección de jueces y magistrados es crucial para un sistema judicial fuerte. Sin embargo, medidas como los “jueces sin rostro”, incluidas en la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, socavan la transparencia y los derechos fundamentales de los acusados.
Estas propuestas no resuelven los problemas de fondo del Poder Judicial, como la corrupción y la inseguridad. Un sistema judicial confiable se construye con un enfoque multidimensional que equilibra la seguridad, la integridad y la apertura. La implementación de medidas que prioricen la protección del juzgador sin sacrificar la visibilidad y rendición de cuentas es esencial. Esto incluye:
Establecer medidas de protección efectivas para jueces y magistrados, como sistemas de seguridad personalizados y protocolos de respuesta inmediata ante amenazas.
Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas dentro del Poder Judicial, incluyendo auditorías independientes y procesos transparentes para la designación de jueces.
Promover la digitalización de procesos judiciales para aumentar la transparencia y reducir los riesgos de corrupción, garantizando el acceso público a la información sin comprometer la seguridad de los actores involucrados.
En lugar de anonimato, se deben establecer estándares éticos y de capacitación que refuercen la confianza en los jueces, asegurando que actúen con imparcialidad y apego a la ley.
La relación con Trump. La relación entre México y Estados Unidos se ha visto afectada por un creciente distanciamiento ideológico, tensiones en temas migratorios, comerciales y de seguridad, así como por narrativas que polarizan y dificultan la cooperación. Esta situación limita las oportunidades de desarrollo conjunto y afecta la estabilidad regional. Es necesario construir una agenda bilateral basada en el respeto mutuo y el beneficio compartido. Esto implica:
Dejar atrás narrativas polarizantes: México debe priorizar un discurso diplomático que fomente la cooperación, evitando confrontaciones que amplifiquen las diferencias ideológicas.
Fortalecer la cooperación económica: Promover acuerdos que impulsen el comercio, la inversión y la innovación tecnológica, especialmente en sectores estratégicos como la energía limpia y la manufactura.
Abordar temas de seguridad de manera conjunta: Diseñar estrategias bilaterales que combinen inteligencia, prevención y respeto a la soberanía, enfocándose en el combate al tráfico de armas y drogas.
Gestión migratoria humanitaria: Desarrollar políticas migratorias que prioricen los derechos humanos, la regularización de flujos migratorios y la colaboración con organismos internacionales para atender las causas estructurales de la migración.
*Diputado local por el Distrito 15 de Iztacalco
X: @PabloTrejoizt
