Sentencia de la CIDH por el Caso Ernestina Ascencio: Sheinbaum afirma que México cumplirá la condena

El Estado mexicano ha sido declarado responsable internacional por la violación, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena náhuatl de 73 años, a manos de elementos del Ejército en 2007. Tras casi dos décadas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia condenatoria que el gobierno actual se ha comprometido a cumplir.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este miércoles que México acatará “a cabalidad” todas las medidas ordenadas por el tribunal internacional. Subrayó que los hechos ocurrieron durante el gobierno de Felipe Calderón, en el marco de la llamada “guerra contra el narco”, calificando la situación como “lamentable”.

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Qué es el caso Ernestina Ascencio y qué determinó la CIDH

El caso se remonta al 25 de febrero de 2007, en la comunidad de Tetlalzinga, en la Sierra Zongolica de Veracruz. Ernestina Ascencio, de 73 años, fue violada por miembros del Ejército mexicano que tenían un campamento militar cerca de su vivienda. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que este acto constituyó tortura, al ser intencional, causar severos sufrimientos y tener el propósito de intimidar y degradar a la víctima.

Tras el ataque, la señora Ascencio fue trasladada por sus familiares durante aproximadamente 10 horas en busca de atención médica. Falleció a las 6:30 horas del 26 de febrero en el Hospital Regional de Río Blanco, antes de poder ser intervenida quirúrgicamente. La CIDH estableció que el Estado mexicano incumplió su deber de brindar atención médica oportuna y adecuada, destacando que el hospital no contaba con intérpretes de náhuatl.

Los compromisos de México: Qué dijo Sheinbaum sobre la sentencia del caso Ernestina Ascencio

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum respondió específicamente sobre la sentencia de la Corte Interamericana. La mandataria fue clara en su postura: “Vienen muy específicas las acciones que debe desarrollar el Estado mexicano, las vamos a cumplir”.

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Sheinbaum detalló que las medidas de reparación ordenadas por la CIDH son integrales. Incluyen desde la atención a las víctimas directas -los hijos e hijas de Ernestina Ascencio- hasta “cuestiones generales” planteadas en la sentencia. La presidenta insistió en el contexto histórico de los hechos, señalando que ocurrieron “durante el régimen de Felipe Calderón” y en el marco de los abusos cometidos en la “guerra contra el narco”.

Caso Ernestina Ascencio: Fallas en la investigación y declaraciones de Calderón

La sentencia de la CIDH no solo condena los hechos originales, sino también las graves fallas en la investigación posterior y el manejo público del caso por parte de altas autoridades. La Corte determinó que:

• La investigación ministerial no cumplió con el estándar de debida diligencia reforzada exigible en casos de violencia sexual contra mujeres.
• No incorporó perspectivas de género, étnica ni etaria, cruciales por tratarse de una mujer indígena mayor.
• Se cerró prematuramente sin agotar las líneas de investigación necesarias.
• Se basó en estereotipos étnicos, etarios y de género que fueron replicados por altas autoridades.

Un elemento particularmente destacado por la Corte son las declaraciones del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. El 13 de marzo de 2007, cuando las investigaciones aún estaban en curso, Calderón afirmó públicamente y sin pruebas que Ernestina Ascencio “falleció de gastritis crónica no atendida, no hay rastros de que haya sido violada”.

La CIDH concluyó que estas declaraciones “contribuyeron a crear un ambiente de descreimiento hacia las declaraciones de la señora Ascencio Rosario y sus familiares”.

El compromiso asumido por el gobierno de Sheinbaum representa un punto de inflexión en un caso que durante años simbolizó la impunidad y la violencia contra las mujeres indígenas en México. La sentencia de la CIDH no solo busca justicia para Ernestina Ascencio y sus familiares, sino que establece precedentes importantes sobre la obligación del Estado de investigar con perspectiva de género e interseccionalidad, especialmente en contextos de militarización.

La ejecución completa de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana será la prueba concreta de este compromiso. El caso permanece como un recordatorio de los costos humanos de las estrategias de seguridad que priorizan la fuerza sobre los derechos fundamentales, y de la deuda histórica que el Estado mantiene con las comunidades indígenas y las víctimas de violencia de género. DJ

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