El mundo vive una etapa definitoria en la regulación de la inteligencia artificial (IA), en la que distintas naciones buscan equilibrar la innovación tecnológica con la defensa de derechos fundamentales.
Europa ha marcado el camino con su Acta de IA, en vigor desde este año 2025, que clasifica los sistemas por niveles de riesgo y limita el uso de tecnologías como el reconocimiento facial en contextos de vigilancia masiva. En contraste, Estados Unidos privilegia la autorregulación y la cooperación público-privada, mientras India opta por un enfoque más permisivo, enfocado en el crecimiento acelerado.
México, aunque en una fase inicial, no permanece ajeno a este debate global. La presentación de la Agenda Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2030 y la reciente iniciativa legislativa impulsada por el diputado Ricardo Monreal, que propone reformar la Constitución para facultar al Congreso en la materia, son señales de un país que comienza a tomarse en serio los retos de la IA.
Y no es para menos. Entre 2020 y 2024, el número de empresas de IA en México creció 273%, con un uso intensivo de estas tecnologías en sectores estratégicos como el financiero, donde el 81% de las fintech ya utiliza IA en gestión de activos. Este auge contrasta con la ausencia de un marco normativo integral, lo que abre la puerta a riesgos graves: sesgos algorítmicos que profundicen la desigualdad, violaciones masivas a la privacidad o el uso autoritario de sistemas de vigilancia, como ya ocurrió con Pegasus o el polémico C5 en la Ciudad de México.
El desafío para México no es menor. Debe construir un modelo regulatorio que no frene la innovación, pero que al mismo tiempo prevenga abusos. El enfoque debe ser gradual y realista, con base en principios éticos y mecanismos de rendición de cuentas, supervisión humana, consentimiento informado y protección de la diversidad cultural, incluyendo a los pueblos indígenas y grupos históricamente excluidos.
Un marco regulatorio robusto podría incluir la creación de una Agencia Nacional Digital o una Comisión Nacional de Inteligencia Artificial, organismos que velen por la transparencia, los estándares técnicos y la gobernanza inclusiva. La adopción de un sistema de clasificación de riesgos, como el europeo, y la exigencia de etiquetado y consentimiento para los contenidos generados por IA, contribuirían a proteger derechos sin inhibir el desarrollo.
México tiene la oportunidad de liderar en América Latina una regulación ética y eficaz de la IA. No solo se trata de subirse a la ola de la tecnología, sino de definir cómo queremos que esa ola nos transforme. Una regulación a tiempo puede marcar la diferencia entre una herramienta para el progreso social o un instrumento de desigualdad y control.
El momento de actuar es ahora. Lo que está en juego no es solo el futuro de la innovación, sino la dignidad humana en la era digital.
