En los últimos días la confrontación diplomática entre México y Perú alcanzó niveles inesperados al anunciar el gobierno de ese país, el pasado 3 de noviembre, el rompimiento de relaciones diplomáticas -aunque continuarán atendiéndose los asuntos consulares-, debido al asilo diplomático otorgado por México a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, del entonces gobierno del presidente Pedro Castillo. Chávez es investigada por su presunta participación en el denominado intento de golpe de Estado en 2022 y se encuentra asilada en la embajada mexicana.
Como se recordará, en ese entonces Castillo intentó disolver el Congreso en diciembre de ese año. Chávez fue acusada de delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado y se encontraba en prisión desde 2023, liberada en septiembre pasado para asumir su defensa en libertad y quien después se ausentó de varias audiencias judiciales.
El gobierno mexicano ha lamentado y rechazado esta situación al considerarla una perseguida política, lo que derivó que el Congreso peruano declarara persona non grata a la presidenta mexicana por su injerencia en asuntos internos. Sin embargo, las tensiones entre los dos países se remontan a la presidencia de Manuel López Obrador, también nombrado persona non grata, y quien siempre respaldó a Castillo.
El tema se ha tornado muy complejo, en el que se entrelazan diversas variables diplomáticas, políticas y legales, pero existen dos temas fundamentales: la calificación de los hechos a efecto de determinar o no la procedencia del asilo y la injerencia mexicana en asuntos internos de Perú. Sin pretender agotar el tema, se dejan a consideración algunos comentarios.
Para varios especialistas el asilo solicitado por Chávez es muy debatible. En este sentido, México procedió conforme a la facultad que le otorga la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, pero los delitos comunes que se le atribuyen a la exfuncionaria generan áreas grises y cuestionamientos sobre la procedencia del asilo solicitado. De acuerdo a la citada Convención México tendría en última instancia la facultad de calificar el delito como Estado que concede el asilo.
A lo anterior, se suman reiteradas declaraciones de México, que han erosionado el principio de neutralidad política y diplomática en torno a la soberanía y al gobierno peruano, lo que generó conflictos innecesarios. El expresidente mexicano utilizó términos hacia la entonces presidenta Dina Boluarte como “espuria” y “usurpadora”, entre otros calificativos, hechos que sobrepasan la diplomacia, considerados como hechos injerencistas por los peruanos. Tanto el expresidente como la presidenta actual siempre han reconocido a Castillo como presidente legítimo de Perú, contradictoriamente a la Doctrina Estrada que tanto se pregona y rompe con la neutralidad diplomática. Para la parte peruana, la invocación de asilo diplomático de Chávez implicaría violar el principio de no intervención y la jurisdicción peruana, así como eludir a la justicia.
Para algunos analistas, sin una diplomacia concisa y profesional, las posturas mexicanas estarían respondiendo particularmente a diferencias ideológicas y a la fragmentación político-diplomática regional, a lo que se sumaron en ese entonces países como Argentina, Bolivia y Colombia a favor de Castillo, lo que ha amplificado la disputa en crisis diplomática. La postura de México sobre el tradicional asilo podría ser ampliamente defendible, pero también cuestionada por la erosión del principio de no intervención, y fundamentalmente por el abuso de ese derecho por cuestiones ideológicas, comunes y no políticas. El asilo podría ser procedente si México demuestra que la detención de Chávez responde a cuestiones políticas y sin garantía de un debido proceso penal. Por otro lado, el asilo sería improcedente si las pruebas apuntan a delitos comunes demostrables y un proceso legal garantizado. Lo que es claro es que México requiere una política exterior consistente.
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