Desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta el actual, cada administración ha cambiado el nombre de la dependencia encargada de combatir la corrupción, como si con ello pudiera resolverse el problema de fondo. Sin embargo, la realidad muestra que la corrupción no solo persiste, sino que sigue vivita y coleando.
Uno de los principales problemas que con los años se ha agravado es la participación del crimen organizado en el desarrollo de la corrupción entre servidores públicos, incluidos ahora los militares.
En el siglo pasado hubo un líder del sindicato petrolero que envió una recomendación al Presidente de la República sobre la participación de las fuerzas militares en actividades distintas a la defensa de la nación o en casos de desastres. Decía el líder: “Si se permite a los militares salir de los cuarteles al pavimento, no se van a querer regresar y también caerán en la corrupción”. Lamentablemente, parece que sus palabras se han convertido en realidad.
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Casi todos los días, algún medio de comunicación informa sobre un hecho de corrupción, como producto de sus propias investigaciones o, lo que cada vez es más frecuente, gracias a datos aportados por organizaciones no gubernamentales. Si a eso le sumamos todos los casos que se publican, ocurre que pasamos de un tema a otro y muchos terminan en el olvido.
Por ejemplo, recientemente surgió el caso de los medicamentos y la empresa paraestatal Birmex, donde se denuncia a empresas y funcionarios presuntamente involucrados en actos de corrupción.
También en las últimas semanas hemos visto el ya famoso caso del buque tanque Challenge Procyon, detenido por las autoridades mexicanas, donde se informó que lograron recuperar 10 millones de litros de combustible. Sin embargo, la empresa involucrada en este presunto huachicol alega que el barco transportaba el doble de esa cantidad. Poco a poco se ha ido conociendo el posible involucramiento de un funcionario de la autoridad encargada del control, que por cierto es una de las creadas por la Marina mexicana: la ASIPONA, que está a cargo de un almirante. Y ahora nos enteramos de que posiblemente también esté involucrado el crimen organizado.
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Otro ejemplo reciente es el llamado “huachicoleo eléctrico”, con el minado de criptomonedas en una comunidad poblana, donde las fuerzas federales encontraron conexiones ilegales para suministrar electricidad a varios edificios propiedad del Sindicato Mexicano de Electricistas, destinados a esta actividad ilegal.
Y podríamos continuar mencionando casos que están ocurriendo en nuestro país, algunos de los cuales son comentados en la llamada conferencia mañanera de la Presidenta de la República.
Estamos enfrentando un problema de corrupción creciente que, a mi entender, se debe a dos factores que, si bien no son nuevos, se han intensificado: por un lado, la creciente presencia e involucramiento del crimen organizado, que —lo queramos o no— controla no solo parte del territorio nacional, sino también actividades económicas e incluso sociales; y por otro, la participación de personal perteneciente a las fuerzas armadas.
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Poco ayuda la opacidad con el fin de ocultar información, principalmente sobre adquisiciones y obras llevadas a cabo bajo el argumento de “seguridad nacional”.
También resulta ineficaz la falta de información oficial una vez que el caso se conoce públicamente. En primer lugar, es importante aclarar si los hechos son ciertos o no —como ocurre con los 10 millones de litros de combustible faltante, sobre los que el gobierno aún no ha confirmado ni desmentido—; y, en segundo, informar qué acciones se están tomando contra los responsables, más allá de su simple renuncia.
La opacidad nunca ha sido una buena aliada en la lucha contra la corrupción. La experiencia, tanto nacional como internacional, así lo demuestra.
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