El señor Trump no quiere dejar espacio sin agredir, tanto interna como externamente. Lo más notorio ha sido la guerra de aranceles, a la que afortunadamente los chinos están plantando cara. También está el despido inusitado de miles de servidores públicos sin justificación alguna, más allá de lo que se le ocurre a otro felón: el señor Musk. Sin embargo, poco a poco ha ido saliendo en la prensa estadounidense e internacional otro tema. El pasado 16 de abril, nuestro EjeCentral dio cuenta del mismo, al abordar la agresión a las universidades norteamericanas.
Ese día, el New York Times informó que, el primero de abril, Trump hizo un comentario en el sentido de: “¿Qué tal si le cancelamos a la Universidad de Harvard los 9 mil millones de dólares que se le tienen prometidos?”, y agregó “¿No sería genial?”.
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A partir de esa fecha, la maquinaria trumpiana se puso en marcha contra las universidades conocidas como la Ivy League (en español, la Liga de la Hiedra), nombre que alude a los muros cubiertos de hiedra de los edificios históricos de ocho universidades: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pensilvania, Princeton y Yale. Es decir, la crema y nata de la educación superior de ese país.
Estas ocho universidades son consideradas entre las más prestigiosas del mundo, según todos los rankings, figurando entre las 20 más importantes a nivel global. Son líderes en investigación y entre su profesorado cuentan con el mayor número de premios Nobel en diferentes áreas. Pues bien, principalmente contra estas universidades van las medidas del felón.
Sorpresivamente, ante la amenaza de perder 400 millones de dólares, Columbia cedió a todas las condiciones impuestas por el gobierno, dejando estupefacta a su comunidad. Días después, su rector tuvo que renunciar. La ahora encargada de la presidencia de dicha universidad, Claire Shipman, ha declarado que no se permitirá la intromisión del gobierno federal que afecte su independencia y autonomía.
Ha sido ampliamente difundida la misiva que tres dependencias del gobierno federal enviaron el 11 de abril al rector de la Universidad de Harvard, el Dr. Alan M. Graber. Considero que con el tiempo este documento se convertirá en un símbolo histórico de la intrusión de un gobierno en la autonomía universitaria. Desde su primer párrafo queda claro el objetivo: indica que las aportaciones gubernamentales no son un derecho, pues dependen de que las universidades cumplan con la ley y no sean capturadas ideológicamente. La misiva es un “acuerdo en principio” y marca diez puntos que, inequívocamente, deben cumplirse.
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Me referiré a algunos de ellos para mostrar el tufo fascista del gobierno de Trump:
- Deben reducir el poder de los estudiantes, eliminando su participación en los órganos de gobierno.
- Eliminar de inmediato todas las preferencias basadas en raza, color, religión, sexo u origen de nacimiento.
- Impedir el acceso a la universidad de todos aquellos extranjeros que sean considerados hostiles.
- Eliminar cualquier manifestación de antisemitismo.
- Auditar más de diez programas sospechosos de ser ideológicamente “enemigos”.
- Y, por supuesto, descontinuar el programa denominado en inglés DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión, en español).
El rector respondió con una carta pública denunciando que el gobierno federal pretende, sin precedente alguno, controlar a la comunidad de Harvard con medidas inaceptables. Ha consultado con su departamento jurídico, el cual ha confirmado que no pueden firmar el acuerdo. Escribió: “La universidad no rendirá su independencia ni abandonará sus derechos constitucionales”.
La respuesta del felón Trump ha sido congelarle 2,300 millones de dólares en aportaciones gubernamentales. Esperamos que crezca la protesta de los universitarios y del pueblo estadounidense ante la embestida del fascista que hoy los gobierna.
