Planear suele verse como un ejercicio técnico, incluso burocrático, pero en realidad es una de las decisiones públicas más relevantes que puede tomar una institución. Planear es definir un rumbo, asumir prioridades y trabajar con una línea clara. Sin esa claridad, los avances se vuelven azarosos, las mejoras pierden impacto y la improvisación termina ocupando el espacio que debería corresponder a la reflexión estratégica.
La planeación no es un trámite administrativo ni una obligación normativa: es el cimiento que permite optimizar recursos, anticipar riesgos, corregir inercias y crear condiciones reales de eficiencia institucional. En contextos complejos y cambiantes, como el que hoy enfrenta el sistema electoral, planear es también una forma de responsabilidad democrática.
El pasado 15 fue aprobado el Plan General de Desarrollo Institucional 2026-2029 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, un instrumento que no solo ordena el trabajo futuro, sino que define con claridad el horizonte institucional. Se trata de un ejercicio deliberado para dotar de coherencia y sentido a las decisiones que se tomarán en los próximos años, evitando la improvisación y fortaleciendo la capacidad de adaptación.
La planeación institucional no es nueva. Desde los primeros años del entonces Instituto Electoral del Distrito Federal, se entendió que el desarrollo debía pensarse de manera periódica y acumulativa. El primer Plan General de Desarrollo se implementó para el periodo 2003-2005 y, desde entonces, cada tres años este instrumento se ha renovado incorporando experiencias, logros, fortalezas y retos superados. Esa continuidad ha permitido consolidar capacidades y fortalecer la vida democrática de la ciudad.
El Plan aprobado para el periodo 2026-2029 es resultado de un trabajo intenso y colaborativo entre todas las áreas del Instituto. Su carácter programático es crucial, porque se convierte en la matriz de los programas institucionales y específicos, orienta la elaboración de los programas operativos anuales y da sustento a los proyectos de presupuesto de cada ejercicio fiscal. No es un documento aislado, sino una guía para la acción cotidiana.
Su diseño parte de una visión integral. Incluye un diagnóstico institucional, el marco normativo aplicable, la definición de misión y visión, una política de calidad, principios rectores, ejes transversales, políticas generales, objetivos estratégicos y líneas de acción. A ello se suman herramientas clave como las matrices de indicadores y de gestión de riesgos, que permitirán medir avances reales y anticipar escenarios que puedan afectar la ejecución del Plan.
La misión planteada para el próximo trienio es clara: promover y administrar procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana confiables, incluyentes y eficientes, al tiempo que se fomenta la cultura democrática y el ejercicio pleno de los derechos políticos, electorales y humanos. La visión apunta a consolidar una institución autónoma, cercana a la ciudadanía y vanguardista, que privilegie la participación efectiva y la deliberación pública. No son formulaciones abstractas, sino orientaciones concretas para el quehacer institucional.
Es importante subrayar que este Plan no es rígido. El contexto político y normativo puede cambiar, y una eventual reforma electoral podría modificar reglas o estructuras. Sin embargo, más allá de esos escenarios, los principios y los retos permanecen. Informar a la ciudadanía, generar confianza en las instituciones, garantizar derechos y evitar que las personas se queden al margen de las decisiones públicas sigue siendo una tarea central.
En ese sentido, la planeación no implica rigidez, sino todo lo contrario: ofrece un marco claro desde el cual adaptarse sin perder el rumbo. Permite reaccionar ante los cambios con criterios definidos y con una visión de largo plazo, sin sacrificar los valores democráticos que dan sentido a la institución.
El Plan General de Desarrollo Institucional 2026-2029 es, en suma, una apuesta por el trabajo ordenado, colaborativo y con propósito. Un recordatorio de que las instituciones democráticas no se sostienen solo con normas, sino con convicciones, con planeación y con un compromiso permanente para acercar la democracia a la ciudadanía y evitar que nadie se quede fuera de las decisiones que le afectan.
