Hay momentos en los que un gobierno se delata solo. No cuando habla. No cuando presume valores. Sino cuando tiene poder absoluto frente a quienes no pueden defenderse.
Y lo que hizo el gobierno de Clara Brugada con el Refugio Franciscano es exactamente eso: un retrato crudo de cómo actúa el poder cuando cree que nadie le va a reclamar.
Aquí no hubo rescate. Hubo despojo.
Más de mil perros y gatos fueron sacados de su hogar en un operativo apresurado, con fuerza pública, sin transparencia y sin garantías claras, públicas y verificables sobre su destino. Animales que no votan, no marchan, no demandan, no graban videos ni escriben columnas. Animales que dependían completamente del cuidado humano y que hoy quedaron atrapados en una narrativa oficial que pide confianza, pero ofrece muy pocas certezas.
Eso no es bienestar animal. Eso es violencia institucional contra los que no tienen voz.
La Ciudad de México se ha construido un discurso progresista, animalista, moderno. Se llenan la boca hablando de derechos, de empatía y de vanguardia. Pero cuando llegó la hora de demostrarlo, este gobierno eligió la vía más rápida y más cómoda: sacar a los animales, despejar el problema y administrar después el daño político.
Primero la fuerza. Después el discurso.
Primero el desalojo. Después los comunicados.
La pregunta que nadie en el gobierno quiere responder es tan simple como devastadora: ¿por qué tanta prisa?
Porque cuando se observa lo que ocurrió después del desalojo, el discurso oficial termina de caerse. El defensor de animales Arturo Elías ha documentado que muchos de estos perros hoy se encuentran confinados en jaulas numeradas, tratados como inventario, sin las condiciones mínimas de espacio, atención individual, socialización y bienestar que merecen. Numerados. Encerrados. Invisibles.
Eso no es protección. Eso es encierro.
Y el contexto no puede ignorarse. El terreno del Refugio Franciscano no es cualquier predio. Tiene valor inmobiliario. Su venta y destino han sido públicos. En ese polígono se han proyectado desarrollos de gran escala: torres habitacionales, amenidades privadas, incluso campos de golf, bajo un modelo urbano que presiona el suelo, el agua y el entorno ambiental.
No es una acusación: es contexto. Y el contexto importa.
Cuando un operativo “animalista” coincide con la liberación de un terreno estratégico para intereses privados, la pregunta es inevitable: ¿se protegió a los animales o se despejó el camino?
Si el objetivo real era protegerlos, había caminos. Intervención técnica. Supervisión permanente. Regularización del espacio. Custodia en sitio. Traslados graduales y trazables. Todo eso era posible. Todo eso requería trabajo, tiempo y voluntad.
Pero no se eligió ese camino. Se eligió el desalojo masivo. Y luego, el confinamiento.
El animalismo no es una etiqueta para redes sociales. No es un slogan bonito. No es una causa que se usa cuando conviene y se guarda cuando incomoda. El animalismo real exige paciencia, planeación, recursos y empatía. Exige incomodar al poder. Y este gobierno decidió no hacerlo.
Aquí no se trata de idealizar al refugio ni de negar problemas previos. Se trata de algo más elemental: la proporcionalidad y la humanidad del Estado. Gobernar no es ejecutar operativos; es hacerse cargo y proteger a los más vulnerables, incluso cuando estorban.
Los derechos no existen solo cuando lucen bien en el discurso. Existen, sobre todo, cuando estorban. Y aquí, los animales estorbaron.
Hoy el gobierno de Clara Brugada quiere cerrar el capítulo rápido. Pero hay decisiones que no se borran con comunicados. Hay heridas que no se tapan con propaganda. Y hay momentos que definen a un gobierno más que mil discursos. Este es uno de ellos.
Porque una ciudad que presume ser justa, pero encierra y aplasta a quienes no pueden defenderse, no es animalista, no es progresista y no es humana. Es solo un poder que habla bonito mientras actúa mal.
Y eso aunque incomode, hay que decirlo.
