El pasado jueves 27 de noviembre tuve la oportunidad de participar en los foros sobre la reforma electoral de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Fue un buen espacio para explicar por qué pensar en un modelo totalmente centralizado para administrar las elecciones en el país no solo es complicado, sino prácticamente inviable. Considero que antes de decidir sobre estructuras, hay que mirar con lupa la realidad del territorio y la naturaleza del trabajo electoral. México no es un país homogéneo, y la democracia tampoco puede administrarse como si lo fuera.
Para empezar, hay que recordar un dato que solemos dar por sentado: México tiene 2,487 municipios y alcaldías, cada uno con su geografía, su historia y sus retos logísticos. No es lo mismo instalar casillas en ciertas comunidades de Oaxaca donde la ruta se recorre a pie, que coordinar una elección en la complejidad urbana de la Ciudad de México, con sus casi 8 millones de votantes distribuidos entre avenidas industriales, unidades habitacionales y pueblos originarios.
En el Instituto Electoral de la Ciudad de México llevamos más de 13 años usando voto por internet. Tenemos también materiales accesibles para personas con discapacidad visual, rehabilitamos materiales electorales para reducir costos, generamos el marco geográfico de participación ciudadana y acompañamos procesos de presupuesto participativo en 56 pueblos originarios, todo esto en el marco de los ejercicios de participación ciudadana, en los que el IECM no depende de las decisiones centralizadas del INE.
Aquí está el corazón del asunto: los institutos electorales locales no solo colaboramos el día de la jornada electoral, también regulamos las elecciones locales y procesos de participación ciudadana. Emitimos acuerdos, lineamientos, criterios y convocatorias que responden a las particularidades de nuestras leyes locales, a las necesidades del territorio y a la operación cotidiana. Esa capacidad regulatoria es indispensable para que un sistema federal funcione. El modelo centralizado implicaría que el órgano nacional no sólo tendría que dirigir los procesos, sino regular o, en su caso, revisar y validar 32 marcos normativos, armonizar criterios, construir reglas únicas y, al mismo tiempo, garantizar que funcionen para realidades completamente diferentes entre sí. El resultado no sería simplificación, sino una enorme carga burocrática que ralentizaría los procesos, elevaría costos y dificultaría la innovación.
Los procesos electorales han ido acumulando una sobrerregulación, lo que ha propiciado una carga operativa que no necesariamente produce mejores elecciones. Las normas se multiplicaron para atender una desconfianza histórica, pero hoy nos toca revisar ese marco con mirada crítica. Urge simplificar el Reglamento de Elecciones y analizar qué tareas realmente abonan a la calidad del proceso y cuáles solo consumen recursos sin aportar valor. La confianza ciudadana no se construye con más reglas ni con más trámites, sino con presencia territorial, pedagogía cívica, acompañamiento a las comunidades y claridad en cada paso del proceso.
La democracia no se ejerce cada tres o seis años; se construye todos los días. Y esa construcción diaria ocurre en los institutos electorales locales: cuando resolvemos conflictos vecinales, cuando organizamos asambleas para consultar a los grupos de atención prioritaria, cuando capacitamos a la ciudadanía, cuando facilitamos ejercicios de participación, cuando atendemos a pueblos originarios, cuando estamos en calle, en oficinas y en territorio. Por eso el debate no solo es técnico ni meramente administrativo; es profundamente democrático.
Fortalecer a los institutos locales no es una defensa corporativa. Es reconocer que un país diverso necesita instituciones cercanas que hagan posible que cada persona se sienta parte de la vida pública. Centralizar suena tentador cuando se mira desde arriba; pero cuando se observa desde el territorio, desde las manos que instalan casillas, que acompañan a la gente y que conocen cada rincón, la conclusión es distinta: simplificar es fortalecer lo que ya funciona, corregir lo que no y mantener viva la capacidad de innovar desde lo local, para que la democracia no solo exista, sino que se sienta y se viva todos los días.
