Conviene mencionar un poco de historia para entender lo que está ocurriendo en el financiamiento a la educación superior. Podríamos decir que todo inició en la campaña de Andrés Manuel López Obrador para ser Presidente de la República, cuando ofreció la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior.
En 2019 promovió ante el Congreso de la Unión una reforma al artículo 3º constitucional para incluir ambos principios, creando un fondo federal especial que asegurara a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizarlos, además de la plurianualidad de la inversión en infraestructura. Con mayoría en el Congreso, se aprobó tal cual la adición a dicho artículo.
Posteriormente, la Ley General de Educación estableció en su artículo 6º que corresponde al Estado la obligatoriedad de la educación superior, por lo que debe garantizar el acceso a este nivel educativo a TODAS las personas que cumplan con los requisitos solicitados por las instituciones respectivas. Asimismo, indica que las autoridades educativas federal, estatales y municipales concurrirán para garantizar la gratuidad de manera gradual, iniciando con la licenciatura. Esto también ocurrió en 2019.
Por último, el artículo 64º de la Ley General de Educación Superior ordena que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se establezca un Fondo Federal Especial destinado a asegurar a largo plazo los recursos económicos suficientes para la obligatoriedad y gratuidad, de manera gradual, así como la plurianualidad de la infraestructura. Esto fue en el 2021.
El resultado de lo anterior es que, después de siete años de haber sido aprobadas las disposiciones legales, ni el gobierno anterior -promotor de las reformas- ni el actual han cumplido con el mandato constitucional en un tema tan importante como la educación superior, pues no han incluido en sus proyectos de presupuesto los recursos necesarios para la obligatoriedad y gratuidad.
La semana pasada, la ANUIES se entrevistó con la Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, con el propósito de exponer la situación que enfrentan las universidades públicas del país y la necesidad de recursos adicionales a los propuestos por el gobierno federal, los cuales incluso presentan, una vez más, disminuciones sorprendentes.
El documento presentado por la ANUIES indica claramente que “desde 2019 a la fecha, las Instituciones Públicas de Educación Superior enfrentan una reducción sistemática de los recursos programados para su funcionamiento, la cual suma ya más de 50,400 millones de pesos”. Como es natural, se trata de una cifra imposible de cubrir en un solo año, por lo que solicitan un incremento de 12,100 millones de pesos para, al menos, mantener en términos reales el nivel de subsidio recibido en el presente año. Esto representa únicamente un 5% para contrarrestar la inercia del deflactor del PIB estimado por la SHCP en 4.8 %.
Existe además un problema adicional relacionado con el compromiso de este gobierno, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, de alcanzar el 55% de cobertura en instituciones de educación superior. Actualmente estamos en 45%. Sin recursos será difícil llegar a esa meta, y la situación se agrava si nos comparamos con nuestros principales socios comerciales, que tienen cerca del 80% de cobertura, e incluso con algunos países de Sudamérica, como Brasil con 60%, Uruguay con 76%, y Chile y Argentina con más del 100%, según la UNESCO.
Finalmente, este gran esfuerzo del actual gobierno por ampliar la cobertura en educación media superior podría convertirse en un problema mayor, si continúa la política de no apoyar a la educación superior ya que, en 2030 de cada dos alumnos que egresen de la media superior, sólo uno encontrará un lugar en las universidades.
