En las últimas semanas, en el Congreso se ha explorado la posibilidad de reincorporar el impuesto a la tenencia vehicular en las 32 entidades federativas, el cual, nació para financiar la infraestructura vial, pero ha perdido relevancia con los años. Hoy en día, frente al crecimiento acelerado del parque vehicular y la alta congestión y contaminación que generan en las ciudades del país, la tenencia vuelve a colocarse en el centro del debate público.
En 2007, la tenencia pasó a ser un gravamen estatal, aunque desde antes ya era cobrado y administrado por las propias entidades. Lo anterior, buscaba fortalecer las finanzas estatales. Sin embargo, ocurrió lo contrario: su recaudación cayó 39.8 %, aun cuando la cantidad de vehículos en circulación aumentó en un 129 %. Esto es, tenemos más autos, pero recaudamos menos a través de ellos. ¿Por qué? Cobrar impuestos resulta ser una medida políticamente controversial. Por lo tanto, muchos gobiernos estatales dejaron de cobrarlo, y el resultado es que tenemos a 19 estados que no lo contemplan.
Dejar de recaudar tiene costos. Por un lado, se pierden ingresos para las entidades federativas, en un contexto en el que sus capacidades fiscales son limitadas y, además, dependen en gran medida en las transferencias federales. Por otro lado, estamos subsidiando el uso del automóvil, en un país en el que menos del 30 % de la población lo utiliza como medio de transporte.
Ante este problema, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y Transparencia Mexicana, realizaron una investigación en torno al rediseño del impuesto a la tenencia. Es primordial que los 32 estados lo obtengan a través de la creación de una Ley General de Tenencia, en la que se establezcan los mecanismos de cobro, pero cuya recaudación vaya directo a los estados. Además de conservar su enfoque progresivo, lo cual implica que quien tenga vehículos de mayor valor pague más; se incorporan criterios ambientales y de infraestructura: el primero penalizaría el daño ambiental que generan los vehículos, y el segundo consideraría el espacio que ocupan en la vía pública.
Los resultados revelan el potencial recaudatorio que se está perdiendo: si los 32 estados implementaran este impuesto, se podrían obtener hasta 98 mil 966.9 millones de pesos adicionales. Esta estimación considera un componente progresivo asociado al valor del vehículo, el tamaño del motor y una tarifa de uso de infraestructura relacionada con el volumen del vehículo, así como la depreciación.
Los recursos obtenidos podrían financiar obras de transporte público sostenible, infraestructura segura o programas de transición energética, entre otros. El aumento en los ingresos, asimismo, reduciría la dependencia de los estados a las transferencias federales.
Los resultados compartidos en la presente columna nacen del proyecto “AC4ALL: Anticorrupción para la reducción de las desigualdades” y las estimaciones de potencial recaudatorio en el impuesto a la tenencia fueron realizadas a través del Simulador de Tenencia Vehicular. Esta es una herramienta interactiva que permite modificar distintos parámetros para diseñar una política fiscal sobre el impuesto a la tenencia, así como plantear diferentes escenarios para fortalecer los ingresos estatales. Puedes utilizar esta herramienta en el siguiente enlace: https://tenencia.ciep.mx/
