El debate sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela volvió a instalarse en términos demasiado simples para una realidad profundamente compleja. O se condena todo o se celebra todo. O se está “con Trump” o se está “con la dictadura”. Esa lógica binaria no solo empobrece la discusión pública, también borra del centro a quienes han vivido durante años las consecuencias del autoritarismo.
Hay un punto de partida ineludible: Venezuela dejó de ser una democracia funcional. Organismos como Naciones Unidas, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han documentado de manera sostenida violaciones graves a los derechos humanos, persecución política, debilitamiento institucional y una crisis humanitaria prolongada. No se trata de una postura ideológica, sino de un diagnóstico respaldado por evidencia.
Más allá de informes y estadísticas, la crisis se expresa todos los días en la vida cotidiana. Salarios que no alcanzan para cubrir la canasta básica, familias que dependen de remesas para sobrevivir, trabajos informales como única opción.
Esa realidad se refleja en escenas ampliamente documentadas: hospitales sin medicinas ni insumos básicos, apagones recurrentes, fallas prolongadas en el suministro de agua, transporte público colapsado y escuelas donde muchos niños asisten sin haber comido.
El deterioro de los servicios esenciales ha sido confirmado por organizaciones humanitarias y agencias internacionales.
En ese contexto, más de siete millones de venezolanos han abandonado el país, dando lugar a la mayor diáspora en la historia reciente de América Latina.
Desde ahí se entiende, aunque incomode, que muchos venezolanos perciban la caída del régimen como una oportunidad. No se trata de simpatía hacia una potencia extranjera, sino de agotamiento frente a un sistema que cerró todas las salidas internas: elecciones sin garantías, diálogos fallidos y una represión constante que anuló la posibilidad de cambio desde dentro.
Apoyar la intervención no implica idealizar a Estados Unidos ni eximir de críticas a Donald Trump. Su estilo de gobierno, su retórica y su historial generan desconfianza legítima. Pero el centro del debate no debería ser la figura del presidente estadounidense, sino si este quiebre puede abrir un margen real para que los venezolanos recuperen algo elemental. La posibilidad de un futuro distinto.
Venezuela posee las mayores reservas probadas del mundo y los intereses energéticos forman parte del tablero geopolítico. Al mismo tiempo, su industria petrolera,durante décadas el eje de la economía, ha sido devastada por años de desinversión, mala gestión, corrupción y sanciones, reduciendo drásticamente la producción y los ingresos del Estado. El petróleo, lejos de ser una fortaleza, se convirtió en otro factor de vulnerabilidad.
Reconocer esos intereses no implica reducir todo lo ocurrido a una disputa por recursos. El petróleo explica parte del contexto, pero no explica la totalidad del colapso ni el drama humano que lo acompaña.
Las objeciones desde el derecho internacional y la soberanía son serias y deben tomarse en cuenta. Toda intervención implica riesgos y precedentes. Sin embargo, la defensa abstracta de la no intervención ha coexistido durante años con la inacción frente a una dictadura consolidada, y ese inmovilismo también tuvo costos humanos.
Quienes observamos desde fuera tenemos una responsabilidad adicional: escuchar a quienes han vivido esta crisis en carne propia. No para romantizar soluciones externas, sino para entender por qué, para muchos venezolanos, cualquier ruptura del statu quo representa una posibilidad de alivio.
El desafío ahora no es ganar el debate público, sino exigir que cualquier transición ponga en el centro a la sociedad venezolana, no a los caudillos ni a los intereses externos. Porque la paz y el futuro que se reclaman no pueden volver a decidirse sin quienes han cargado, durante años, con el peso de esta historia.
