La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados ha abierto un debate necesario sobre el futuro del sistema político mexicano. Sin embargo, más allá de la reorganización institucional o de los ajustes presupuestales que propone, existe una pregunta fundamental que debe orientar la discusión: ¿fortalece esta reforma las condiciones de igualdad en la representación política o corre el riesgo de debilitarlas?
México ha sido reconocido internacionalmente por sus avances en materia de paridad. El principio de “paridad en todo”, incorporado a la Constitución en 2019, transformó el diseño institucional del sistema político al establecer que las mujeres deben participar en condiciones de igualdad en todos los espacios de poder público. Este cambio no fue producto de la inercia democrática, sino de décadas de lucha política, social y legislativa.
Por ello, cualquier reforma electoral debe partir de ese piso de igualdad y consolidarlo.
Uno de los primeros desafíos de la iniciativa es la falta de claridad sobre cómo se garantizará el principio de paridad en el nuevo esquema de representación proporcional. El texto constitucional no establece con precisión cómo se aplicará este principio en las listas de representación, particularmente en el nuevo modelo que contempla listas de primeras minorías y listas abiertas. La paridad no puede quedar sujeta a interpretaciones posteriores. Debe establecerse con claridad que en la integración final de las listas electas se respetará este principio.
Otro punto relevante es el de las acciones afirmativas. La iniciativa incorpora en el artículo 41 constitucional el reconocimiento de candidaturas para comunidades indígenas, afromexicanas y otros grupos históricamente subrepresentados. Este avance es positivo, pero resulta insuficiente si no se acompaña de mecanismos que aseguren que dichas candidaturas no solo se registren, sino que efectivamente resulten electas.
El rediseño de la representación proporcional podría generar incertidumbre en este punto. Las listas cerradas actuales ofrecen cierto grado de certeza sobre la posibilidad de garantizar espacios para estos grupos. Al modificar ese modelo, se vuelve indispensable establecer reglas claras que aseguren que las acciones afirmativas no se diluyan en la competencia interna de los partidos.
La propuesta de introducir listas abiertas para una parte de las diputaciones plurinominales también plantea retos importantes. En teoría, permitir que la ciudadanía elija directamente a las personas candidatas puede parecer una medida democratizadora. En la práctica, sin embargo, este modelo puede favorecer dinámicas clientelares o reproducir desigualdades estructurales dentro de los propios partidos políticos.
La competencia interna suele estar marcada por desigualdades en el acceso a recursos, redes políticas y visibilidad pública. Sin mecanismos correctivos claros, estas condiciones pueden terminar afectando de manera particular a mujeres y a grupos subrepresentados.
Otro aspecto preocupante es la ausencia de medidas robustas para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género. Aunque la exposición de motivos reconoce la gravedad de este problema, el texto de la reforma no introduce herramientas constitucionales adicionales para enfrentarlo. La ampliación de la participación política debe ir acompañada de garantías efectivas de protección para quienes participan en la vida pública.
Finalmente, la reforma mantiene a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y les otorga facultades para organizar mecanismos de democracia directa. Sin embargo, preocupa la eliminación del deber de imparcialidad de las autoridades electorales en estos procesos. La imparcialidad no es un elemento accesorio del sistema democrático: es una condición indispensable para preservar la confianza pública en los mecanismos de participación ciudadana.
La discusión de esta reforma no debe reducirse a cálculos presupuestales o a la reorganización administrativa del sistema electoral. Lo que está en juego es el diseño de las reglas que determinan quién puede competir y quién puede llegar a los espacios de decisión.
Las mujeres y los grupos históricamente excluidos no solo queremos aparecer en el texto constitucional. Queremos que las reglas del sistema político aseguren que la igualdad se traduzca en representación real.
La democracia mexicana ha avanzado mucho en este terreno. El desafío ahora es no retroceder.
