Desde mediados del año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció su intención de presentar una reforma electoral de gran calado en 2026. El encargo fue turnado a una Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez, un político de izquierda con una larga trayectoria en la vida pública del país.
Desde la Presidencia se ha insistido en que esta reforma no partirá de una imposición cerrada, sino de un ejercicio de escucha activa a la ciudadanía en todas las entidades federativas.
¿Por qué una reforma así y por qué ahora? Quienes encabezan este proyecto han sido claros en subrayar el contexto que la rodea: se trata de una iniciativa que surge de los ganadores del último proceso electoral, y además, por un margen amplio. No es una reforma nacida del reclamo de los perdedores.
Esta reforma no nace de una crisis de legitimidad ni de una derrota electoral. Nace del ejercicio pleno del poder político. Y eso, guste o no, cambia por completo las reglas del debate.
El partido en el poder y sus aliados controlan las mayorías en ambas cámaras del Congreso. Hay quienes celebran este escenario y quienes lo cuestionan, pero el dato es incontestable: así son las cosas y así serán, al menos, hasta la renovación legislativa de 2027.
Este escenario parlamentario —muy distinto a los esquemas de negociación que marcaron la vida democrática del país a partir del año 2000—, ha permitido un rediseño constitucional de instituciones clave. Ahí están las reformas en materia de salud, seguridad, órganos reguladores y Poder Judicial. La llamada Cuarta Transformación ha impulsado su visión de Estado con una capacidad de maniobra inédita en la historia pública reciente de México. Bajo esta lógica, era inevitable que el sistema electoral también entrara en la ecuación.
Hay muchas aristas relevantes para analizar esta reforma. Sin embargo, hoy conviene detenerse en una en particular: el papel que ha decidido asumir la oposición.
Las figuras opositoras más visibles han optado por trasladar la discusión del terreno legislativo al de la narrativa pública. Conscientes de que su margen de maniobra en el Congreso es limitado, han elegido otro campo de batalla: el de la consigna.
Aún sin conocerse el contenido de la reforma, la oposición ya la ha calificado de autoritaria y regresiva. La ha bautizado, incluso, como la “Ley Maduro”. En términos normativos, esta postura vale lo mismo que gritarle a las nubes: desahoga, pero no incide. No construye, no asume responsabilidades ni complejiza el debate. Por el contrario, reduce una discusión institucional de fondo a una caricatura: el Estado como ente autoritario.
La oposición no está intentando legislar. La oposición ya está en campaña. Y así debe leerse su reacción frente a las reformas que se discutirán este año.
Por otro lado, los partidos aliados de Morena han dejado claro que no se tratará de un cheque en blanco. Han anunciado su intención de incidir activamente en el diseño de la reforma para defender sus intereses y visiones. Eso anticipa un proceso parlamentario más interesante de lo que muchos admiten, tanto en comisiones como en los plenos de ambas Cámaras.
La reforma electoral merece ser discutida y analizada. Pero ese ejercicio debe partir de una crítica informada, técnica y responsable. Convertirla en un eslogan antes de conocer su contenido no la debilita; empobrece el debate público. En un país que rediseña sus instituciones, la oposición tiene dos caminos: participar o autoexcluirse. Hasta ahora, ha elegido lo segundo.
