Cada vez es más frecuente que al leer el Diario Oficial de la Federación se tenga la sensación de haber leído exactamente lo mismo antes. No porque las reformas sean idénticas, sino por el resultado, la concentración del poder, la desaparición de los contrapesos y la nula discusión pública. Por eso cada vez es más difícil escapar de la sensación de estar atrapados en una especie de día de la marmota constitucional.
En México ya no reformamos la Constitución para resolver problemas. La reformamos porque sí y porque se puede. Así, el pasado miércoles 3 de junio se publicaron tres reformas distintas, aparentemente sobre temas independientes. Sin embargo, todas parten de una misma lógica, la de concentrar más decisiones en el poder político y confiar menos en los contrapesos institucionales.
La primera es la llamada reforma a la reforma judicial. Después de la elección judicial de 2025 era evidente que algo no funcionó. Todos fuimos testigos. Vimos campañas superficiales, acordeones, candidaturas impulsadas desde estructuras políticas y una participación ciudadana muy lejos de lo prometido. La respuesta del oficialismo no fue preguntarse si el modelo estaba equivocado. Fue retocarlo.
Lo más llamativo es la creación de una Comisión Coordinadora que tendrá un papel decisivo en la definición de quién puede aspirar a formar parte del Poder Judicial. En el discurso oficial parece un simple ajuste administrativo. Pero cuando se revisa con detenimiento, lo que aparece es otra concentración de facultades en pocas manos.
Y luego está el tema de la Suprema Corte. La reforma permite que funcione mediante dos secciones. La idea podría incluso justificarse desde una perspectiva de eficiencia. El problema es que nadie explicó cómo van a operar. No sabemos qué asuntos conocerán, quién decidirá la distribución de los casos o cómo se resolverán los desacuerdos. Puede parecer una discusión para especialistas, pero no lo es. En los tribunales constitucionales las reglas importan. A veces tanto como las sentencias.
La segunda reforma introduce una nueva causal para anular elecciones: la intervención extranjera. Dicho así, es difícil estar en desacuerdo. Ningún país quiere que actores externos influyan indebidamente en sus procesos electorales. La pregunta es otra: ¿qué es exactamente una intervención extranjera?
La reforma no lo define. Y cuando una norma constitucional deja un concepto tan importante abierto a interpretación, inevitablemente surgen dudas. ¿Un informe de Naciones Unidas? ¿Una investigación periodística publicada en otro país? ¿Un pronunciamiento de la Comisión Interamericana? No hay respuestas claras.
Eso debería preocuparnos. Las reglas electorales tendrían que caracterizarse por una precisión casi quirúrgica, no por conceptos ambiguos que mañana puedan utilizarse de manera discrecional.
La tercera reforma crea una comisión para revisar posibles vínculos entre candidaturas y actividades delictivas. El problema es real. La narcopolítica existe. Negarlo sería absurdo. Lo que cuesta entender es por qué la solución consiste en trasladar responsabilidades hacia el INE cuando existen fiscalías, cuerpos de seguridad e instituciones de inteligencia cuya función precisamente es investigar delitos. Da la impresión de que alguien decidió que era más sencillo mover la responsabilidad que resolver el problema.
Vistas en conjunto, estas tres reformas reflejan más concentración de facultades, más espacios para decisiones discrecionales y ninguna discusión pública. Y quizá eso sea lo más preocupante. No una reforma en particular ni un artículo específico, sino la normalidad con la que hemos empezado a aceptar este proceso. Cada modificación constitucional se presenta como una necesidad urgente. Cada vez hay menos debate. Nos hemos acostumbrado a vivir entre reformas al vapor que supuestamente corrigen los errores de las reformas anteriores. Como en el Día de la Marmota. Lo único que cambia es la fecha del decreto. Lo demás empieza a parecerse demasiado.
