Entre 2019 y 2024, decenas de feminicidios ocurrieron dentro de hoteles y moteles de la CDMX (casos como el de Ariadna Fernanda, Ingrid Escamilla o el de las menores en el Hotel Principado son solo los más mediáticos). En ese entonces, la Fiscalía capitalina identificó que en más del 60 % de los casos de trata con fines de explotación sexual en la ciudad, las víctimas eran llevadas a moteles de paso.
Muchos establecimientos funcionaban con un modelo de no preguntar. Un modelo que podía ser descrito como entrada directa al cuarto desde el coche, pago en efectivo, sin identificación, cámaras falsas o apagadas y personal inexistente.
Así, el anonimato era el producto estrella que vendían muchos moteles y ese anonimato se convirtió en el mejor aliado de los agresores y tratantes.
Por ello, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México presentó una reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles y a la Ley de Turismo de la CDMX. No es un capricho burocrático ni una ocurrencia de última hora. Responde a una realidad cruda y documentada durante años: los moteles de paso se habían convertido en uno de los principales espacios de impunidad para la comisión de delitos relacionados con la violencia sexual en la capital.
La reforma busca prevenir y combatir la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como delitos como feminicidio, trata de personas y violencia sexual en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje. Este objetivo implica acciones contundentes:
Reforzar la seguridad mediante registros confiables de huéspedes y sistemas de videovigilancia obligatorios.
El registro se deberá hacer con identificación oficial vigente. En caso de niñas, niños y adolescentes, se vincula su registro al adulto responsable.
La videovigilancia es obligatoria en entradas, salidas, áreas comunes y estacionamientos y las imágenes se guardarán mínimo 30 días. Se prohíbe la instalación de cámaras dentro de habitaciones o espacios privados.
El personal de seguridad de los locales deberá estar capacitado y registrado ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Deberá contar con un cartel visible con número de emergencia y procedimiento para denunciar violencia de género o trata.
Deberán tener un protocolo específico de actuación ante posibles víctimas de violencia (especialmente mujeres sin identificación): el establecimiento puede hospedarlas de forma excepcional y debe avisar de inmediato a la SSC o a la Fiscalía.
Convierte los establecimientos de hospedaje en aliados activos de la autoridad en la protección de víctimas.
Este último punto es crucial. La reforma pone fin a la idea de que los hoteles y moteles son un territorio privado. Por lo tanto, se fundamenta en tres convicciones políticas y jurídicas:
El derecho a la privacidad NO es absoluto cuando está en juego la vida y la integridad de mujeres y menores.
Los establecimientos mercantiles que lucran con el anonimato tienen una responsabilidad mayor cuando ese anonimato facilita delitos graves.
En una ciudad con alerta de violencia de género desde 2019, el Estado tiene la obligación de usar todos los instrumentos a su alcance, incluido el regulatorio-mercantil, para proteger a las mujeres.
El debate público se ha centrado en que las sanciones derivadas de la reforma serán mucho más severas y que, por consiguiente, impactarán significativamente en el modelo de negocio de estos establecimientos. Dichas sanciones son:
Por omitir o falsificar información en casos de violencia de género: multa de 1,000 a 5,000 UMAs más clausura temporal.
Por incumplir el registro la videovigilancia, los protocolos o la seguridad privada: multa de 3,000 a 10,000 UMAs más clausura temporal inmediata de 15 a 30 días.
Si existe reincidencia, se aplicará la clausura permanente del establecimiento. En casos de delitos graves (feminicidio, transfeminicidio, trata de personas o violencia sexual) cometidos o facilitados en el inmueble, procederá, además, la extinción de dominio del mismo.
Un inmueble clausurado permanentemente podrá ser destinado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como albergue o refugio para mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.
La extinción de dominio y la posibilidad de convertir el inmueble en refugio para víctimas es una medida que va más allá de lo simbólico: el lugar donde se cometió o facilitó un feminicidio puede terminar siendo un espacio de resguardo para otras mujeres.
Políticamente, esta iniciativa lanza un mensaje poderoso: usar el poder coercitivo y sancionador del Estado no sólo contra los agresores directos, sino contra toda la cadena de complicidad.
Con ello, el Gobierno de la Ciudad de México está diciendo en voz alta que el anonimato cuesta vidas de mujeres y niñas y que eso es, sencillamente, inaceptable en una ciudad que aspira a la Utopía.
*Diputado local por el Distrito 15 de Iztacalco
X: @PabloTrejoizt
