Nos encontramos en los albores del proceso electoral 2026-2027, el cual se erige como uno de los comicios más grandes y trascendentales en la historia de nuestra República. El próximo 6 de junio de 2027, más de 102 millones de mexicanos estarán llamados a las urnas para la renovación de más de 20 mil cargos públicos, lo que incluye 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, 31 congresos locales y las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
Sin embargo, lejos de inaugurar esta etapa con la certidumbre institucional necesaria para garantizar una contienda libre, legal y equitativa, nos hallamos en el umbral de una de las crisis electorales más severas del México democrático. Esta profunda fractura tiene como origen la absoluta falta de credibilidad y la desconfianza generalizada que hoy suscita Guadalupe Taddei Zavala al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).
Las investigaciones y testimonios documentados en días recientes han dejado al descubierto una red de tráfico de influencias y de corrupción, en la cual convergen como piezas clave la consejera presidenta y su círculo familiar. La gravedad del escándalo es de tal magnitud que la propia Auditoría Superior de la Federación ha iniciado una investigación sobre el INE, orientada a esclarecer irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos públicos.
Hoy es de dominio público la existencia de una relación estrecha entre la consejera presidenta, su entorno familiar y un empresario que ha sido beneficiado por el propio Instituto con adjudicaciones que superan los 245 millones de pesos. Esto constituye una evidencia irrefutable de un conflicto de interés que aniquila cualquier asomo de imparcialidad en la máxima autoridad electoral.
Frente a esta realidad, desde la dirigencia nacional del PRI hemos advertido que la salida de Taddei de su encargo es imperativa. Su permanencia prolonga una crisis de desconfianza insostenible para nuestro sistema democrático. Partimos de una premisa política innegable: un árbitro débil y manchado por el escándalo abre la puerta a manipulaciones, omisiones y, en el escenario más funesto, a un fraude electoral.
Resulta fundamental recordar quién colocó a Guadalupe Taddei en esa silla y bajo qué propósitos. Su arribo fue impulsado con el objetivo manifiesto de cooptar al INE, inscribiéndose este episodio como parte del putrefacto legado de Andrés Manuel López Obrador. Su régimen se dedicó a la captura sistemática de las instituciones autónomas para someterlas a los intereses del oficialismo, y hoy la nación entera paga las consecuencias de esa perversa sumisión.
Lo que estamos viendo con el árbitro electoral es el reflejo de la descomposición sistemática que Morena ha instaurado en el servicio público. El partido en el poder ha normalizado la opacidad, la corrupción y el nepotismo, apropiándose de las instituciones del Estado mexicano con el fin de desmantelarlas o subordinarlas a sus ambiciones autoritarias. Frente a este atropello, nuestra obligación es seguir denunciando con firmeza cada embate del oficialismo dirigido a destruir los contrapesos democráticos que a la ciudadanía le costó décadas edificar.
Por esta razón, el PRI está convocado a salir y ganar las elecciones de manera contundente. Frente a un árbitro sesgado y un régimen dispuesto a agotar cualquier recurso para retener el poder, un triunfo por la mínima diferencia resulta insuficiente. Nuestra victoria en las urnas debe ser tan abrumadora y masiva que no deje el más mínimo margen a la duda, anulando cualquier resquicio para la maniobra o la interpretación tendenciosa de autoridades electorales corruptas y cuestionadas. Lo decimos fuerte y claro: en la próxima elección tiene que prevalecer, de manera inobjetable, la voluntad del pueblo de México, no los intereses de una burocracia incapaz de asumir su responsabilidad pública e histórica. No permitiremos que Morena ni sus cómplices, nos arrebaten el futuro de México.
